Diputados rionegrinos rechazaron en comisión un proyecto que buscaba prohibir la designación de familiares en el Estado y se abrió un fuerte debate político.
En el ámbito de comisiones de la Legislatura de Río Negro, un proyecto que buscaba prohibir la designación de familiares de funcionarios en la administración pública provincial fue rechazado y no avanzará, al menos en esta instancia legislativa.
La iniciativa había sido impulsada por el legislador Santiago Ibarrolaza, quien defendió la propuesta como una herramienta para fortalecer la transparencia en el Estado y garantizar que el acceso al empleo público esté basado en criterios de mérito e idoneidad.
Durante su exposición, el parlamentario explicó que el objetivo central era abrir un debate de fondo sobre los mecanismos de ingreso al Estado y establecer reglas claras hacia adelante, sin buscar responsabilidades retroactivas sobre prácticas anteriores.
El proyecto proponía introducir cambios en la Ley N° 3.550, normativa que regula los requisitos de idoneidad y probidad para el acceso a la función pública, pero que actualmente no contempla una prohibición explícita respecto a la designación de familiares.
En ese sentido, la iniciativa establecía que no podrían realizarse nombramientos de personas con parentesco en línea recta o colateral hasta el segundo grado con funcionarios alcanzados por la norma, con el objetivo de evitar conflictos de interés.
No obstante, el texto incluía excepciones específicas para aquellos casos en los que el ingreso al Estado se hubiera producido mediante concursos públicos o cuando los trabajadores ya contaran con estabilidad laboral al momento de una eventual sanción.
Ibarrolaza sostuvo que la propuesta apuntaba a reforzar la legitimidad del sistema político frente a la sociedad, en un contexto donde, según indicó, existe una percepción extendida sobre prácticas discrecionales en el Estado.
“El acceso al empleo público no tiene que ser una herencia de sangre o de parentesco, sino una herencia de formación”, afirmó el legislador, al tiempo que remarcó la necesidad de promover un Estado conformado por los perfiles más capacitados.
Además, consideró que avanzar en esta regulación permitiría responder a una demanda social recurrente vinculada con la transparencia y la igualdad de oportunidades en el acceso a cargos públicos.
Sin embargo, el proyecto encontró resistencia entre distintos bloques legislativos. Uno de los rechazos más contundentes fue el del legislador Javier Acevedo, del espacio ARI-Cambiemos, quien cuestionó lo que consideró una contradicción política en la propuesta.
Para fundamentar su postura, Acevedo mencionó designaciones recientes en el ámbito del Gobierno nacional y planteó que, si el mismo espacio político las respalda, no debería promover una prohibición similar en el ámbito provincial.
“Si no lo hacemos en la Nación y pertenecemos a la misma línea política, no deberíamos estar tratando esta circunstancia en la Legislatura”, expresó durante su intervención, marcando una postura crítica sobre la coherencia del planteo.
El legislador cerró su exposición con una frase que sintetizó su posicionamiento: “Hacé lo que yo digo, pero no hagas lo que yo hago”, en referencia a lo que consideró una doble vara en la discusión.
Por su parte, la legisladora Ayelén Spósito, del bloque Vamos con Todos, también rechazó la iniciativa y planteó que la conformación de los equipos de gobierno no puede limitarse únicamente por vínculos familiares.
En su intervención, sostuvo que la confianza política es un elemento central en la gestión pública y que excluir a una persona por su parentesco podría resultar injusto si cuenta con las capacidades necesarias para desempeñar un cargo.
“Porque alguien sea mi hermano o mi primo y tenga la capacidad para desempeñar esa función, no debería quedar excluido solamente por ese vínculo familiar”, argumentó, cuestionando el alcance restrictivo del proyecto.
Asimismo, consideró que la propuesta tenía un fuerte componente simbólico y que estaba más orientada a generar impacto político que a resolver problemas estructurales en el funcionamiento del Estado.
El rechazo en comisión no clausura la discusión sobre los mecanismos de ingreso al empleo público, un tema que continúa generando tensiones entre la necesidad de garantizar transparencia y la dinámica política de conformación de equipos de gestión.
Mientras algunos sectores impulsan regulaciones más estrictas para evitar posibles prácticas de nepotismo, otros advierten sobre la importancia de no limitar la capacidad de los funcionarios para elegir colaboradores de confianza.