Tras la baja de la imputabilidad a los 14 años, se impulsa en la Legislatura de Río Negro un marco normativo para regular los juicios a adolescentes.
La elaboración de un Código Procesal Penal Juvenil en la provincia de Río Negro comenzó a dar sus primeros pasos en la Legislatura. La legisladora Yolanda Mansilla, del bloque Primero Río Negro, presentó una solicitud ante la Presidencia del cuerpo para convocar a una comisión interpoderes que active la discusión de la norma.
La iniciativa surge tras la sanción de la Ley Nacional 27.801 de Régimen Penal Juvenil, que redujo la edad de imputabilidad a los 14 años. Si bien la ley nacional fija el régimen de fondo, cada provincia debe dictar su propia legislación de forma para regular los procedimientos penales en causas con adolescentes.
Actualmente rige un esquema provisorio dispuesto por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) mediante la Acordada 26/2026. La norma transitoria aplica el sistema penal acusatorio de la Ley Provincial 5.020 —sin juicio por jurados— y resguarda las garantías de la Ley Provincial D 4.109. Asimismo, reafirma que las personas menores de 14 años no pueden ser sometidas a proceso penal.
Sin embargo, desde el parlamento rionegrino advirtieron sobre la urgencia de sancionar un código específico. "Nación dicta esta ley, que es la 27.801, donde una de las cosas principales es disminuir la edad a 14 años para el tema de los delitos. Esa es la norma de fondo, pero después necesitás una norma que hable de todo el procedimiento, y ese procedimiento está en cabeza de las provincias", explicó Mansilla.
La parlamentaria aclaró que la resolución judicial busca suplir un vacío de manera temporal: "Hoy, si detienen a una persona, tiene que estar el procedimiento. El Superior Tribunal presentó una acordada, la 26, que establece algunos principios generales, pero dice 'hasta tanto la Legislatura dicte el código que corresponde'. Ellos no pueden legislar, pero vinieron a tapar ese agujero con esa acordada".
En paralelo, se conoció que el STJ trabaja en un proyecto propio que ingresará próximamente a la Legislatura. Por ello, el debate parlamentario podría canalizarse a través de una comisión interpoderes —con participación del Ejecutivo, Judicial, Colegio de Abogados y Ministerio Público Fiscal— o directamente en la Comisión de Asuntos Constitucionales.
El debate normativo también abarca las características del sistema acusatorio juvenil. Para Mansilla, es clave incluir la especialización de los funcionarios judiciales con un enfoque educativo.
"Algunos opinarán en contra, pero creo que fiscales y defensores tienen que estar especializados en esta materia, porque es una cuestión donde no se apunta al castigo, sino a la resocialización, a la educación y a darle un oficio", remarcó la legisladora, citando antecedentes como CABA o la Provincia de Buenos Aires.
Además, rechazó desestimar la ley por la baja cantidad de casos locales: "Por ahí me dicen: 'No son muchos los casos en Río Negro'. No sé si son muchos, pero, aunque haya uno o dos, se necesita un procedimiento establecido".
Por último, Mansilla enfatizó la necesidad de realizar un trabajo de concienciación sobre el alcance de las normas en el ámbito escolar y social. "Los chicos tienen que entender que hoy están sujetos al Código Penal. Si en una pelea fuera de un colegio se producen lesiones graves, van a ser imputados. Más allá de que el derecho se presume conocido por todos, los chicos no tienen esa conciencia", advirtió.
"Son varias las cosas que tiene el Ejecutivo por hacer con este tema de la educación y la información, y nosotros, en el Poder Legislativo, tenemos que dictar el código", concluyó.