La propuesta ingresada en la Legislatura provincial, buscar unificar y regular la actividad en todo el territorio con detalles que cambiarían las actuales regulaciones.
Un proyecto presentado en la Legislatura de Río Negro propone modificar el funcionamiento de los servicios de seguridad privada en toda la provincia. La iniciativa contempla nuevas habilitaciones, capacitación obligatoria, controles y sanciones para quienes incumplan la normativa.
La propuesta fue impulsada por la legisladora Martina Lacour, quien plantea reemplazar el actual entramado de disposiciones por un régimen único que alcance a vigiladores, empresas de alarmas, transporte de caudales y servicios de vigilancia interna.
El objetivo es ordenar una actividad que, según los fundamentos del proyecto, funciona desde hace más de dos décadas bajo una “anomalía normativa y administrativa”, producto de la convivencia de disposiciones legales correspondientes a diferentes períodos.
La iniciativa todavía deberá atravesar el tratamiento legislativo para convertirse en ley. De aprobarse, establecerá nuevas obligaciones para las empresas y trabajadores del sector, además de modificar los procedimientos de autorización y fiscalización.
Uno de los principales argumentos del proyecto es la falta de actualización del marco legal que regula la seguridad privada en Río Negro, una actividad que actualmente comprende distintas modalidades de vigilancia y protección.
Los fundamentos explican que la Ley 2678 de 1993 fue derogada por la Ley S 3608. Sin embargo, la ausencia de una reglamentación integral provocó que continuaran utilizándose disposiciones anteriores para realizar distintos trámites administrativos.
Entre esas normas aparecen el Decreto 989/1994 y la Resolución 725/2002, que todavía forman parte del esquema operativo utilizado para gestionar autorizaciones vinculadas con la prestación de servicios de vigilancia privada.
Según Lacour, la propia Policía de Río Negro mantiene publicados esos instrumentos como referencias administrativas e incluso conserva formularios que mencionan una legislación derogada, situación que evidencia las dificultades del sistema vigente.
Los fundamentos también señalan que la Justicia provincial advirtió esta contradicción normativa durante el tratamiento de un recurso de amparo relacionado con una habilitación para desarrollar actividades dentro del sector.
Uno de los cambios centrales consiste en la creación del Registro Provincial de Seguridad Privada, donde deberán inscribirse las empresas prestadoras, directores técnicos, supervisores, vigiladores y trabajadores que desarrollen tareas de seguridad interna.
Las habilitaciones tendrán una vigencia máxima de tres años, mientras que las credenciales pasarán a pertenecer directamente a cada trabajador y no a la empresa que lo contrate para prestar servicios.
Esta modificación permitirá que una persona habilitada pueda desempeñarse para distintos empleadores autorizados, sin que su acreditación profesional quede vinculada exclusivamente a una compañía determinada dentro del sistema provincial.
El proyecto también incorpora la capacitación obligatoria como parte del nuevo régimen, con la intención de establecer condiciones comunes para quienes desarrollen tareas relacionadas con la vigilancia y protección de bienes.
En cuanto a los antecedentes judiciales, la iniciativa establece que una investigación penal en trámite no será motivo suficiente para impedir una habilitación, siempre que no existan otras incompatibilidades objetivas con la función.
El texto sostiene que “la existencia de una investigación penal o proceso judicial en trámite no constituye por sí sola causal de inhabilitación”, en concordancia con el principio constitucional de presunción de inocencia.
La propuesta también establece límites específicos para las actividades de los trabajadores de seguridad privada, con el propósito de diferenciar sus responsabilidades de aquellas que corresponden exclusivamente a las fuerzas policiales y autoridades públicas.
Entre las conductas prohibidas figuran atribuirse funciones estatales, interrogar a personas sospechosas e ingresar a domicilios sin consentimiento. Además, se aclara que la habilitación no otorga facultades adicionales para utilizar fuerza física.
Respecto de las armas de fuego, el proyecto remite directamente a la legislación nacional vigente y establece que las autorizaciones provinciales no reemplazan ni amplían los permisos exigidos por las autoridades nacionales competentes.
También incorpora nuevas obligaciones para las empresas de monitoreo de alarmas, que deberán verificar previamente las señales recibidas antes de solicitar una intervención policial, excepto cuando exista una situación de emergencia manifiesta.
La medida busca reducir las falsas alarmas y evitar movilizaciones policiales innecesarias, mediante procedimientos de verificación que permitan determinar cuándo corresponde requerir asistencia de las fuerzas de seguridad.
Otro apartado relevante establece un régimen de sanciones para prestadores y trabajadores que incumplan las disposiciones. Las penalidades económicas estarán comprendidas entre 10 y 500 unidades de multa, calculadas según el valor del punto policial.
Además de las multas, el proyecto contempla suspensiones de hasta un año, cancelaciones de habilitaciones e inhabilitaciones que podrán extenderse durante cinco años, dependiendo de las infracciones contempladas en el régimen.
En materia económica, la iniciativa dispone que los montos correspondientes a las tasas deberán establecerse mediante la Ley Impositiva Anual, evitando que su determinación quede exclusivamente en manos de la autoridad administrativa.
En caso de recibir aprobación legislativa, el nuevo régimen derogará la Ley S 3608, aunque mantendrá vigentes las disposiciones de la Ley S 5623 relacionadas con la utilización de cámaras de vigilancia.
El Poder Ejecutivo provincial contará con un plazo de 120 días para reglamentar la normativa, mientras que las empresas y prestadores actualmente habilitados dispondrán de 180 días desde esa reglamentación para adecuarse.
Lacour sostiene que la actividad “cumple una función complementaria relevante”, aunque remarca que su desarrollo no reemplaza la responsabilidad indelegable del Estado en materia de seguridad pública y prevención del delito.
La legisladora considera que la actualización permitirá establecer “un marco simple, exigible y compatible con el ordenamiento jurídico vigente”, mediante reglas comunes para empresas, vigiladores y demás prestadores que operan en Río Negro.