El Concejo Deliberante de Allen analiza los pasos a seguir para definir el llamado a referéndum en el proceso de revocatoria de mandato.
El proceso de revocatoria de mandato del intendente Marcelo Román en Allen entra en una etapa decisiva. El presidente del Concejo Deliberante, Fabián Figueroa, confirmó que al cumplirse el plazo de 30 días fijado por la Carta Orgánica municipal para la recolección de las firmas del 20% del padrón, el cuerpo legislativo dará paso a la revisión final del trámite.
Una vez que la secretaría del Concejo Deliberante remita las planillas al cuerpo de concejales, las actuaciones serán enviadas a la Junta Electoral Local. Este organismo será el encargado de controlar el padrón y verificar que no existan firmas repetidas o pertenecientes a personas sin domicilio en la localidad.
La revocatoria del mandato está en marcha ya que sus impulsores lograron reunir las 4.579 firmas necesarias, equivalentes al 20% del padrón. La cantidad de firmas recolectadas habilitó el camino para que sean los vecinos de Allen quienes puedan decidir democráticamente, mediante un referéndum, sobre la continuidad o no del intendente.
Según explicó Figueroa, tras la verificación formal se convocará a la Junta Electoral Local para avanzar con el llamado a referéndum. La normativa establece que la convocatoria debe registrarse dentro de un plazo no mayor a 30 días desde la finalización de la primera etapa del proceso.
Respecto del escenario político que se abriría en caso de que la ciudadanía vote a favor de la revocatoria, Figueroa aclaró las alternativas institucionales según los tiempos del mandato. Si el proceso concluye en el último año de gestión (después del 10 de diciembre), el mandato lo completaría el presidente del Concejo Deliberante; de lo contrario, la normativa exige convocar a nuevas elecciones.
El titular del Deliberante puntualizó que decidió no firmar el pedido de revocatoria impulsado por los vecinos para preservar la imparcialidad del proceso. "Yo, como presidente de Concejo, tengo que velar por la transparencia del proceso", afirmó.
A la situación institucional se suman expedientes tramitados en la Justicia. Además de la formulación de cargos por peculado y malversación de fondos que enfrenta el intendente Román, Figueroa ratificó que presentó una nueva denuncia penal en la Fiscalía 4 por presunta malversación.
La presentación judicial señala la utilización no autorizada de 64 millones de pesos provenientes de regalías con afectación específica para cubrir partidas de rentas generales y gastos corrientes. La denuncia fue acompañada por la concejal Tina Sánchez y otros miembros del Concejo.
Sobre las impugnaciones vertidas desde el entorno del jefe comunal respecto a la validez de las planillas, Figueroa ratificó que el resguardo de los documentos originales le corresponde al Concejo Deliberante y a la Junta Electoral Local, garantizando que la revisión continuará por los canales institucionales previstos.