Desde 2024, el Gobierno de Río Negro analizó más de 1200 expedientes disciplinarios. En las últimas horas se confirmaron seis despidos y más de 30 suspensiones.
El Gobierno de Río Negro ha decidido profundizar el ordenamiento del Estado provincial y no le tiembla el pulso a la hora de sancionar. En las últimas horas, se confirmó que hay seis empleados públicos despedidos y la suspensión de otros 33 estales, tras detectarse incumplimientos severos que afectaban directamente la prestación de servicios básicos a los ciudadanos.
Desde el inicio de la gestión en enero de 2024, la administración pública rionegrina ha emprendido una batalla frontal contra los denominados "ñoquis", el personal que no cumple con sus funciones. El balance es contundente: en menos de un año se han procesado más de 1.200 expedientes disciplinarios, resultando en 102 cesantías, 6 exoneraciones y casi 500 suspensiones sin goce de haberes.
La mayoría de las nuevas cesantías en el Estado responden al abandono de servicio. Se trata de agentes que dejaron de asistir a sus puestos de forma prolongada y cortaron todo tipo de comunicación con sus dependencias, incluso después de ser intimados legalmente.
Sin embargo, los sumarios revelaron situaciones de una gravedad que indigna a la sociedad. Entre los casos más resonantes que derivaron en sanciones firmes se encuentran:
Salud Pública bajo la lupa: Un empleado encargado de otorgar turnos para tomografías fue sancionado por no cumplir su carga horaria, dejando a decenas de pacientes sin acceso a estudios de alta complejidad por su ausencia en la ventanilla.
Maltrato y abandono: Se dictó la cesantía de un agente sanitario por maltrato reiterado a pacientes y compañeros, quien además abandonó su puesto dejando a personas internadas sin el cuidado necesario.
Escándalos en el servicio: Se aplicaron suspensiones por el uso de una ambulancia oficial para asistir a una manifestación y por un caso de un empleado que se presentó a trabajar en estado de ebriedad y acosó a una compañera.
Si bien el Ministerio de Salud concentra la mayor cantidad de sanciones debido a su gran número de personal y la sensibilidad de sus servicios (como las guardias hospitalarias), el control ha sido transversal. La Junta de Disciplina también ha aplicado sanciones en áreas como la SENAF, IPROSS, IPPV, Desarrollo Humano, Deporte, Cultura y Educación.
Es importante destacar que el proceso cuenta con todas las garantías legales. Las decisiones emanan de una Junta de Disciplina integrada tanto por representantes del Ejecutivo como por los gremios ATE y UPCN, asegurando que los despidos y suspensiones no sean arbitrarios, sino el resultado de pruebas irrefutables.
La secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, fue tajante respecto al objetivo de estas medidas: "Río Negro está en marcha y eso nos exige un Estado eficiente. Tenemos la responsabilidad de usar las herramientas legales para poner orden".
Según la funcionaria, mantener a estos malos empleados en sus puestos sería una falta de respeto para la gran mayoría de los estatales que cumplen con orgullo su tarea y para los contribuyentes que sostienen el sistema con sus impuestos. Con este esquema de "tolerancia cero" a la desidia, la provincia busca jerarquizar la carrera administrativa y garantizar que el dinero público se traduzca en servicios de calidad para la población.