Un proyecto propone reducir plazos para retirar autos abandonados en Río Negro y sumar responsabilidades a las aseguradoras. ¿De qué se trata?
El tratamiento de los vehículos abandonados en rutas y ciudades de Río Negro volvió a instalarse en la agenda pública tras la presentación de un proyecto de ley que apunta a modernizar el régimen vigente. La iniciativa, impulsada por el legislador José Luis Berros, presidente del bloque Vamos con Todos, propone cambios concretos para reducir riesgos viales, mitigar el impacto ambiental y optimizar el uso del espacio público en toda la provincia.
El eje central del proyecto es la modificación de la Ley Nº 5388, con el objetivo de dotar al Estado de herramientas más ágiles para intervenir frente a autos siniestrados o abandonados que, con el paso del tiempo, terminan convirtiéndose en verdaderos focos de peligro. En muchos casos, estos vehículos permanecen durante meses en banquinas o zonas urbanas, generando obstáculos para la circulación y acumulación de residuos.
“No se trata solo de ordenar el espacio público, sino de prevenir accidentes, cuidar el ambiente y proteger la vida de quienes transitan ”, sostuvo Berros al fundamentar la propuesta. En ese sentido, el proyecto plantea reducir de 60 a 30 días el plazo necesario para considerar un vehículo como abandonado, una medida que busca acortar los tiempos de intervención estatal.
Además, se contempla la posibilidad de remoción inmediata en situaciones donde exista un peligro evidente para la seguridad vial o la salud pública, como en el caso de unidades incendiadas, deterioradas o ubicadas en sectores críticos de circulación.
Uno de los puntos destacados de la iniciativa es la incorporación de las aseguradoras dentro del esquema de responsabilidades. El proyecto establece que, en aquellos casos donde el vehículo cuente con cobertura vigente, las compañías deberán hacerse cargo del traslado y la disposición final de las unidades.
En paralelo, se busca fomentar una mayor responsabilidad por parte de los propietarios mediante incentivos fiscales para quienes retiren sus vehículos de manera voluntaria. La intención es generar un esquema mixto que combine control estatal con compromiso ciudadano.
La propuesta también pone el foco en el impacto ambiental que generan los autos abandonados. El deterioro de las unidades, sumado al derrame de fluidos, puede afectar el suelo y el entorno, especialmente en zonas urbanas o cercanas a cursos de agua. Por eso, se prevé fortalecer la articulación entre Provincia, municipios y Nación para mejorar la trazabilidad de cada vehículo y su correcta disposición final.
“Estamos proponiendo soluciones concretas y necesarias que mejoran la vida cotidiana de la gente, haciendo de Río Negro una provincia más segura y ordenada ”, concluyó el legislador.
La iniciativa legislativa se da en paralelo a una serie de acciones que el Ministerio de Seguridad y Justicia viene ejecutando en distintos puntos de la provincia. En los últimos días, se avanzó con un proceso integral de limpieza y reorganización de espacios en unidades de la Policía de Río Negro, especialmente en los puestos de la Policía Caminera.
Estos operativos tienen como objetivo mejorar los accesos a las ciudades y optimizar el funcionamiento de los predios donde se acumulan vehículos secuestrados o en infracción. La acumulación desordenada de estos rodados no solo afecta la operatividad policial, sino que también impacta en la seguridad y la imagen urbana.
Las tareas comenzaron en Choele Choel, donde los vehículos fueron reubicados en el parque del Cuerpo de Seguridad Vial. Esta reorganización permitió liberar espacios y mejorar la funcionalidad del lugar. Luego, los trabajos se trasladaron a Allen, donde se removieron unidades que se encontraban a la vera de la ruta y fueron trasladadas al predio de General Roca, mejorando así las condiciones de circulación y reduciendo riesgos.
En Pomona, en tanto, los vehículos en infracción fueron derivados al predio de Choele Choel, lo que permitió descomprimir el puesto caminero y fortalecer su operatividad.
Desde el Ministerio indicaron que esta primera etapa forma parte de un plan más amplio que busca optimizar los accesos y las condiciones de funcionamiento de todos los puestos camineros de la provincia. La iniciativa apunta a consolidar un proceso sostenido de mejora en la infraestructura y en la organización de los espacios policiales.