La iniciativa busca reducir una brecha histórica en el empleo privado y propone beneficios impositivos para empresas que contraten trabajadores con CUD.
Con el objetivo de corregir lo que se define como una “asimetría estructural” en el mercado laboral rionegrino, ingresó a la Legislatura un proyecto de ley que propone fomentar la inserción laboral de personas con discapacidad en el sector privado.
La iniciativa fue presentada por la legisladora Roberta Scavo (ARI-Cambiemos), quien planteó la necesidad de generar herramientas concretas que promuevan la contratación formal. Según argumentó, el sector privado carecía hasta ahora de un esquema sistemático de acompañamiento.
En ese sentido, el proyecto busca no solo incentivar la inclusión, sino también reducir los costos iniciales que enfrentan las empresas al incorporar trabajadores con discapacidad, particularmente aquellos que cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).
El eje central de la propuesta radica en la creación de un régimen de incentivos fiscales vinculado al Impuesto sobre los Ingresos Brutos. A través de este mecanismo, se pretende generar un estímulo directo para el sector productivo.
Las empresas, cooperativas, mutuales y organizaciones no gubernamentales radicadas en Río Negro que contraten trabajadores con discapacidad por tiempo indeterminado podrán acceder a un crédito fiscal mensual. Este será equivalente al 50% de las contribuciones patronales correspondientes a ese personal.
De esta manera, el proyecto apunta a aliviar la carga tributaria de los empleadores que decidan apostar por la inclusión, promoviendo al mismo tiempo una mayor formalización del empleo en este sector de la población.
Uno de los aspectos destacados de la iniciativa es la incorporación de un beneficio retroactivo. Esto permitirá reconocer a aquellas empresas que ya cuentan con personas con discapacidad dentro de su plantilla laboral formal.
Según establece el texto, los empleadores podrán solicitar el crédito fiscal correspondiente hasta con seis meses de retroactividad. Esta medida busca incentivar la continuidad de prácticas inclusivas y premiar a quienes ya avanzaron en ese camino.
El planteo también pretende evitar desigualdades entre quienes comienzan a implementar estas políticas y quienes vienen desarrollándolas desde hace tiempo, generando así un sistema más equitativo dentro del sector privado.
El proyecto incorpora una serie de cláusulas de control destinadas a evitar abusos y resguardar la sostenibilidad financiera de la provincia. En ese marco, se fijan topes claros para el acceso a los beneficios.
El descuento mensual no podrá superar el 35% del total del Impuesto sobre los Ingresos Brutos determinado por la empresa. Además, el crédito fiscal tendrá un límite máximo equivalente al 50% de un Salario Mínimo, Vital y Móvil.
Asimismo, cada presupuesto provincial establecerá un cupo máximo anual para este programa. Una vez alcanzado ese límite, se suspenderá la asignación de nuevos beneficios, funcionando como un “cerrojo” que garantiza previsibilidad en las cuentas públicas.
La iniciativa también establece requisitos rigurosos para las empresas interesadas en acceder al régimen. Entre ellos, se destaca la obligación de mantener regularizada su situación fiscal y laboral.
Quedarán excluidos aquellos empleadores que registren trabajadores en condiciones informales, mantengan deudas impositivas o hayan reducido su plantilla de manera injustificada en los seis meses previos a la solicitud del beneficio.
En estos casos, no solo se negará el acceso al régimen, sino que además se prevé la revocación automática del beneficio en caso de detectarse irregularidades, incluso con efectos retroactivos.
De aprobarse la ley, la autoridad de aplicación será compartida entre el Consejo Provincial de las Personas con Discapacidad y el Ministerio de Trabajo de Río Negro. Ambos organismos tendrán funciones de control y articulación.
Entre sus tareas, deberán verificar que los puestos laborales cumplan con condiciones adecuadas de accesibilidad y salubridad. También tendrán a cargo la gestión de un Registro Provincial de Postulantes con Discapacidad para el sector privado.
Este registro permitirá vincular perfiles laborales con las demandas del mercado, trabajando en conjunto con oficinas de empleo municipales para facilitar la inserción efectiva de los trabajadores.
En los fundamentos del proyecto, Scavo remarcó que la inclusión laboral no debe entenderse únicamente como una acción solidaria, sino como una estrategia que aporta valor a las organizaciones.
“La inclusión de personas con discapacidad en las empresas no es solo un acto de responsabilidad empresarial, sino una estrategia clave para la innovación, la empatía y el éxito organizacional”, sostuvo la legisladora.