El bloque del PRO solicitó al Gobierno rionegrino adherir al protocolo nacional para detectar y bloquear la señal de celulares en las cárceles de la provincia.
El bloque de legisladores del PRO en la provincia de Río Negro presentó un proyecto de comunicación dirigido al gobernador Alberto Weretilneck. La iniciativa busca implementar medidas tecnológicas de fondo para bloquear el uso de celulares para concretar estafas y otros delitos.
El proyecto fue impulsado por el legislador Juan Martin, con el acompañamiento de María Laura Frei, Juan Murillo Ongaro y Ofelia Stupenengo. Buscan reflotar un proyecto que no fue tratado en el Parlamento para implementar herramientas tecnológicas que bloqueen la señal de celular en las cárceles de Río Negro.
La petición cobró renovada fuerza a partir de una investigación judicial por una millonaria estafa telefónica sufrida por un jubilado de 72 años. Las tareas investigativas permitieron detectar que una organización criminal operaba directamente desde una celda del Complejo de Ejecución Penal N.º 1 de Viedma.
En ese procedimiento se secuestraron seis teléfonos celulares, varios de ellos equipados con tecnología 5G. “Si desde una cárcel se puede cometer un delito, el Estado tiene que tener la decisión y la tecnología necesarias para impedirlo”, remarcaron los legisladores.
La propuesta parlamentaria solicita que Río Negro adhiera formalmente al mecanismo habilitado por la Resolución 734/2026 del ENACOM. Esta normativa permite extender a las cárceles provinciales el Procedimiento para la Detección y Bloqueo de IMEI/IMSI en Establecimientos Penitenciarios, una herramienta que ya se aplica en las unidades federales.
A través del proyecto, se pide al Ejecutivo Provincial que, mediante el Ministerio de Seguridad y Justicia, gestione ante el Ministerio de Seguridad de la Nación la implementación de la tecnología requerida para neutralizar los dispositivos móviles.
“No podemos seguir permitiendo que desde una celda se planifiquen estafas, se coordinen bandas criminales o se cometan otros delitos contra los rionegrinos cuando existen herramientas tecnológicas para impedirlo”, sostuvo Juan Martin.
Desde el espacio remarcaron que el reclamo cuenta con antecedentes en la Legislatura. Durante el año 2025, el bloque presentó el Proyecto de Ley 429/2025, el cual proponía instalar inhibidores de señal en los penales provinciales, prohibir celulares u otros medios digitales a los internos y disponer teléfonos públicos para garantizar las comunicaciones. Esa iniciativa no tuvo tratamiento en comisiones.
Asimismo, en el transcurso de 2026 ingresó el Proyecto de Ley N.º 573/2026, para definir expresamente que la privación de la libertad abarca tanto la restricción física como la digital, iniciativa que tampoco fue debatida, cuestionó Martín.
“Hace más de un año que venimos planteando esta necesidad y el problema sigue creciendo. Ahora existe una herramienta concreta que Nación ya está utilizando y que puede aplicarse en Río Negro. No hay razones para seguir esperando”, concluyó el referente del PRO en Río Negro.