Presentó una denuncia para que lo excluyeran del hogar. Dijo que es mayor y "puede alquilar". La Justicia de Paz dictó medidas para proteger al hombre.
Cansado por las actitudes violentas del hijo cuando cae bajo los efectos de los estupefacientes y el alcohol, un hombre pidió ayuda a las autoridades para desalojar al joven de su casa.
En una denuncia presentada días atrás en una dependencia policial de San Antonio Oeste, el vecino sostuvo que el hijo consume drogas y alcohol se pone violento y lo insulta.
Agregó que ya no quiere seguir sufriendo malos tratos dado que además padece distintos problemas de salud y necesita vivir tranquilo. Pidió que le ordenen retirarse de la casa, ya que “es mayor de edad y se puede ir a alquilar”.
La acusación fue elevada al Juzgado de Paz local encuadrada en lo que establece la Ley 3040, que contempla la “Protección Integral contra la Violencia en el ámbito de las Relaciones Familiares”.
Al tomar intervención del expediente, el juez Subrogante Federico Garriga Lacaze indicó que el joven ya había sido denunciado por los mismos motivos, por lo que consideró que ante ese antecedente y los últimos hechos narrados por el padre se requería fijar medidas de resguardo.
Explicó que la norma define que “se consideran actos de violencia familiar, con carácter enunciativo a la violencia física, psicológica, emocional, sexual, económica”. En ese marco, sostuvo que “resulta necesario dictar medidas cautelares a los fines de resguardar la integridad psicofísica del denunciante, previniendo la posible reiteración de hechos de violencia o conductas que generen un hostigamiento, agresión o molestia, o su agravamiento”.
Por empezar ratificó la exclusión del hogar del hijo y la prohibición de acercamiento a un radio de 200 metros de su padre. Tampoco debe ejercer actos de violencia contra él, ni otros incidentes o agravios tanto en lugares públicos como privados.
Asimismo, agregó que tampoco tiene que realizar publicaciones en redes sociales haciendo mención al conflicto familiar que vulnere el “derecho a la privacidad” o “menoscaben la dignidad e integridad” de los damnificados.
Destacó en este aspecto que “las molestias o comunicaciones hostiles por redes sociales resulta en muchas ocasiones tan grave para quien los padece como si los hechos fueran efectuados de forma personal por cuanto las nuevas tecnologías permiten una mayor frecuencia e inmediatez, generando un gran malestar en la víctima, por lo cual es necesario evitar que estas ocurran”. Aclaró el magistrado en caso que existan posteos con esa referencia los deberá eliminar.
Las medidas tendrán una vigencia de 90 días y se le aclaró al acusado que en caso de incumplimiento podrán ser modificadas o ampliadas, y que incluso también podrían ser comunicadas a su lugar de “trabajo, estudio, asociación profesional, organización sindical y otras organizaciones sociales” a las que pertenezca el denunciado, tal como lo estable el Código de Familia provincial.
En tanto que comunicó a las partes que “deberán adoptar los recaudos que estimen necesarios a los fines de resguardar su integridad psicofísica”. El expediente judicial tendrá continuidad en el fuero Civil, donde se elevaron las actuaciones iniciadas en el Juzgado de Paz de la localidad atrlántica rionegrina.