Ocho trabajadores, entre ellos un menor, fueron resguardados tras constatarse su vulnerabilidad. Tres personas quedaron alojadas en la Policía de Viedma.
Un operativo articulado entre la secretaría de Trabajo de Río Negro, la sede fiscal Descentralizada de Viedma y fuerzas federales permitió desarticular una maniobra de trata de personas con fines de explotación laboral.
Como resultado del procedimiento, ocho trabajadores —siete mayores y un menor de edad— solicitaron ser resguardados del lugar tras constatarse las condiciones de extrema precariedad en habitabilidad y permanencia en las que se encontraban.
Las tareas de investigación se originaron a partir de una denuncia previa y fueron llevadas adelante por la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Rawson”. Luego de precisar la localización del inmueble donde se llevaba a cabo el delito, los efectivos actuaron junto al Escuadrón Vial “Sierra Grande”.
Al irrumpir en el predio, las autoridades activaron el protocolo del Programa de Asistencia a las Víctimas del Delito de Trata de Personas, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano. Durante la inspección del inmueble, los gendarmes incautaron herramientas para cosecha, cuatro teléfonos celulares y anotaciones de relevancia para la causa judicial.
Por disposición de la fiscalía interviniente, tres personas involucradas en las maniobras fueron detenidas y trasladadas hacia la sede de la Unidad Policial Federal de Viedma.
El operativo contó con la participación de inspectores laborales, inspectores de Higiene y Seguridad, fiscales y organismos provinciales. Durante los controles se relevaron indicadores compatibles con la explotación laboral que ponían en riesgo directo la integridad psicofísica de las víctimas.
Frente a la gravedad de los hechos, la secretaria de Trabajo, Martha Avilez, remarcó la importancia del despliegue estatal: “No miramos para otro lado. Cuando hay trabajadores en vulnerabilidad, el Estado Provincial está presente, interviene y cuida. Nuestra responsabilidad es llegar, constatar qué está pasando y actuar con todas las herramientas para proteger sus derechos y su integridad”.
Asimismo, la funcionaria provincial hizo hincapié en la necesidad del trabajo coordinado en la región: “Detrás de cada intervención hay personas y familias. Estos operativos requieren responsabilidad y articulación. Cuidar a quienes trabajan significa garantizar que nadie tenga que hacerlo en condiciones que atenten contra su dignidad”.
Todos los elementos secuestrados y las actuaciones labradas durante las inspecciones fueron incorporados al expediente judicial, mientras la causa continúa su trámite en los tribunales correspondientes.