La presentación se hizo en la Comisaría de la Familia. No se dan detalles de los hechos. La Justicia de Paz se declaró incompetente.
Una denuncia por violencia de género en el ámbito escolar ingresó recientemente en la Comisaría de la Familia de Cinco Saltos. La presentación la realizó la mujer y es contra un compañero de trabajo. No se precisa en qué establecimiento educativo ocurrieron los hechos ni qué funciones cumplen en él, como tampoco ningún otro detalle de los episodios registrados ni de las personas involucradas, de acuerdo una normativa de la justicia provincial que así lo ordena.
La causa fue girada al Juzgado de Paz local de acuerdo a lo que establece la Ley Nacional 26.485 y la provincial 4650, referidas a la protección de las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
El titular del juzgado, Enzo Espejo, analizó en primer lugar si le correspondía intervenir en el caso, y determinó que no le concernía. Destacó en este sentido que el conflicto se había registrado en el lugar de trabajo, “en el mismo establecimiento educativo dependiente del Consejo Provincial de Educación de Río Negro.
Por ese motivo, el magistrado sostuvo que carece de injerencia y que la causa debe tener continuidad en la esfera de laboral, por lo que dispuso el envío del expediente a la OITEL -Oficina de Tramitación Integral Laboral- de Cipolletti, donde se deberá realizar un sorteo interno para definir la competencia.
La resolución obedece a lo que expresa la Ley 5631, que encuadra el “Procedimiento laboral de la provincia de Río Negro”, y que en su articulado sostiene respecto a la disyuntiva sobre competencias que en materia de Tribunales de Trabajo que otorga la “tramitación, sustanciación y sentencia en las causas sobre violencia, acoso laboral o por razones de género, que se susciten en el ámbito laboral o con motivo u ocasión del trabajo, que provengan tanto de niveles jerárquicos superiores, del mismo rango o inferiores, todo ello en los términos de las Leyes Nacionales Nº 26485 y Nº 27580".
Espejo también destacó que la normativa lo faculta a aplicar el abordaje “interinstitucional e interdisciplinario” con “perspectiva de género en clave de derechos humanos”, al considerar “el grado de riesgo, garantizando la seguridad, el bienestar y la prevención de la violencia, a través de la tutela judicial efectiva en atención a lo denunciado”.
En tanto, el juez de Paz cincosaltense les comunicó a las partes que al desarrollarse el trámite legal en el área laboral deberán contar de manera obligatoria con el asesoramiento de un abogado de confianza. Les aclaró que en caso de “vulnerabilidad o falta de recursos” podrán asistir a las Defensorías de Pobres y Ausentes con jurisdicción en la localidad para acceder al Servicio de Asistencia legal gratuita.