El Concejo Deliberante suspendió al intendente Marcelo Román por una causa de peculado, pero el mandatario tildó la medida de ilegal y anunció que irá a la Justicia.
La crisis institucional en el Municipio de Allen sumó un capítulo crítico tras la decisión del Concejo Deliberante de suspender preventivamente al intendente Marcelo Román. La sesión de suspensión del jefe comunal derivó en un conflicto mayor. El jefe comunal no cedió el mando y denuncia que la decisión es ilegal.
La medida se dictó en medio del avance de una causa judicial por presunto peculado contra el jefe comunal, en paralelo a un proceso de revocatoria impulsado por una vecina que ya reunió las firmas necesarias. Sin embargo, Román rechazó la resolución legislativa y anunció que se presentará ante la Justicia para que se anule la ordenanza.
El cuerpo legislativo aplicó las facultades del artículo 109 de la Carta Orgánica Municipal, que lo habilita a disponer la suspensión preventiva del intendente hasta que exista una sentencia definitiva en el proceso penal. El proyecto fue aprobado por mayoría, registrando seis votos por la afirmativa y tres por la negativa.
Los concejales respaldaron la medida al sostener que existen motivos suficientes para avanzar con el apartamiento temporal mientras continúan los procesos administrativos y políticos.
El conflicto escaló cuando las autoridades legislativas intentaron realizar el corrimiento de funciones para que el actual presidente del Concejo Deliberante asumiera la intendencia. El concejal Guillermo Pennesi relató la situación: "Nos encontramos con, digamos, luego un amotinamiento de Román y por eso estamos haciendo una exposición en la Policía como para que quede asentado que en realidad fue con buenos términos y en buenas formas".
Desde el plano judicial, Pennesi explicó que la acusación contra el mandatario contempla los delitos de "peculado y una especie de malversación de fondos". A Román se lo acusó por su relación con un empresario de medios, Sebastián Ocampos, quien actuaba como funcionario sin haber designado y, presuntamente, utilizaba un teléfono corporativo del Municipio.
El concejal de Juntos detalló que la suspensión funciona de manera cautelar porque el avance de la causa judicial es lento y se debe contemplar que muchos testigos trabajan en el Municipio y están siendo citados por la Justicia para brindar su testimonio.
Pennesi advirtió que el intendente busca mantenerse en funciones al ampararse en los plazos habituales de las ordenanzas, que no entran en vigencia hasta cumplirse 15 días de su votación. "En este caso, la ordenanza lo involucra directamente a él, no es una ordenanza para instalar un semáforo", expresó.
Por su parte, Román manifestó una postura de total rechazo y calificó la suspensión como "un acto tremendamente avasallador, ilegal, anticonstitucional". Según el intendente, los seis concejales que votaron a favor representan a los sectores de Juntos Somos Río Negro y del peronismo, y tomaron la decisión por "cuestiones partidarias, políticas", en contra de la voluntad del pueblo.
Román aseguró: "Nosotros por supuesto vamos a realizar todas las presentaciones en la Justicia" para que se anule su suspensión preventiva. Para el jefe municipal, la ordenanza dictada representa "un abuso total de autoridad" y un "avasallamiento al poder" que le dio "el voto popular". El conflicto institucional permanece abierto mientras ambas partes dirimen la legalidad de la medida en el ámbito judicial.