La formulación de cargos en Viedma fue postergada. Revelan que una pediatra emitía licencias a policías y empleados públicos de la provincia.
La causa judicial por la presunta utilización de certificados truchos para obtener licencias médicas en la Policía de Río Negro sumó un nuevo capítulo este viernes en Viedma. La audiencia de formulación de cargos debió suspenderse y será reprogramada. Fue el segundo intento fallido por acusar formalmente a los sospechosos.
La titular del Consejo de la Función Pública, Tania Lastra, detalló cómo comenzó la investigación por parte del organismo estatal tras detectar graves irregularidades en las licencias solicitadas por los agentes públicos. "Hubo una serie de certificados que fueron apareciendo, que nos resultaron llamativos, eran expedidos por una médica pediatra a un montón de policías y agentes de la administración pública que claramente no eran niños ni niñas", afirmó.
A partir de ese hallazgo, el Gobierno de Río Negro realizó la presentación formal a través del Fiscal de Estado. Si bien se detectaron documentos firmados por otros profesionales, el caso de la pediatra derivó en el avance de la causa que hoy se encuentra en la etapa de formulación de cargos.
A la jornada en Viedma estaban convocados el juez Adrián Dvorzak, el fiscal jefe Juan Pedro Peralta, el fiscal Francisco Marano y los abogados defensores Silvio Garrido, Omar Jurgeit, Santiago Silva y Diego Broggini.
La suspensión se produjo porque el abogado Broggini tenía otra audiencia en Cipolletti. Al representar a la médica acusada y a dos asistidos con participación necesaria en la maniobra, el juez consideró que no estaba garantizada la asistencia técnica sin su presencia.
Además, las defensas solicitaron resolver excepciones e incidentes previos antes de formalizar las imputaciones. Ante el escenario, el Ministerio Público Fiscal propuso fijar una nueva fecha para tratar estos planteos preliminares y luego avanzar con la acusación.
Fue el segundo intento fallido por formular cargos y el magistrado pidió a las partes que "pongamos la mejor voluntad para que estas audiencias no se sigan suspendiendo y las podamos de una vez por todas comenzar a tramitar”. La investigación lleva dos años.
El expediente abarca a casi 130 personas implicadas, lo que representa una dimensión sin precedentes para la Justicia provincial. El juez Dvorzak calificó la investigación como "inédita" dada la cantidad de imputados.
Para poder llevar adelante el trámite judicial, la fiscalía dividió la causa en nueve legajos distintos. El objetivo es realizar las audiencias por tandas de entre 20 y 25 acusados.
El magistrado advirtió a las partes que no permitirá que planteos procesales terminen paralizando indefinidamente el avance del expediente. El objetivo es que la investigación pueda formalizarse y que las personas involucradas tengan certeza sobre su situación judicial.
La denuncia fue impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck junto al fiscal de Estado Gastón Pérez Estevan y su adjunto Luciano Minetti Kern, con la querella a cargo de Federico Rosbaco.
Desde el Gobierno de Río Negro remarcaron el perjuicio que ocasiona la falta de los agentes en sus puestos de trabajo y el impacto económico para el Estado provincial.
"Lo que más nos molesta es la ausencia de esos empleados en sus lugares de trabajo. Más allá de lo económico, que es importantísimo, la ausencia de un policía en la calle, ustedes saben lo que significa", sostuvo Tania Lastra.
En ese sentido, la funcionaria agregó: "La ausencia de un docente en el aula multiplica por doce el gasto, porque hay que colocarle una maestra suplente a los niños, además de lo que le implica a la criatura. Esto lo tomamos muy en serio".