La propuesta establece que las prestadoras deberán ofrecer una alternativa de regularización antes de interrumpir el suministro por deudas. Los detalles.
Un proyecto presentado en la Legislatura de Río Negro busca impedir que las micro y pequeñas empresas sufran el corte del suministro eléctrico por falta de pago sin recibir previamente una propuesta para regularizar la deuda.
La iniciativa está dirigida a establecimientos que atraviesen dificultades económicas y acumulen facturas pendientes. El objetivo es evitar que una deuda de energía termine provocando el cierre de comercios, emprendimientos productivos y pequeñas empresas de servicios.
El proyecto fue impulsado por el legislador Luciano Delgado Sempé, quien aclaró que la medida no pretende eliminar las obligaciones económicas, sino establecer mecanismos que permitan afrontarlas sin interrumpir la actividad.
“No pedimos que no paguen; pedimos que los dejen trabajar para poder pagar”, expresó Delgado Sempé, al explicar el espíritu de una propuesta que busca priorizar la continuidad de la actividad económica y el sostenimiento de los puestos de trabajo.
De aprobarse la iniciativa, ninguna prestadora de energía eléctrica podría cortar el servicio a una micro o pequeña empresa por una deuda sin ofrecer antes un plan de regularización acorde con su capacidad económica.
La propuesta contempla especialmente a actividades donde la electricidad resulta indispensable para trabajar, como heladerías, carnicerías, panaderías, almacenes, restaurantes, talleres y pequeños establecimientos productivos.
“Para una heladería, una carnicería, una panadería, un almacén, un restaurante, un taller o cualquier pequeño emprendimiento, cortar la luz significa muchas veces obligarlo a cerrar”, sostuvo el legislador.
Según explicó, mantener el suministro permitiría que los establecimientos continúen generando ingresos para afrontar sus obligaciones, en lugar de profundizar la crisis económica a partir de la interrupción del servicio.
Uno de los puntos centrales establece planes de regularización de hasta 60 cuotas mensuales, aunque el plazo podría extenderse hasta 84 cuotas cuando la situación económica de la empresa lo justifique.
Además, la cuota mensual no podría superar el 50% del promedio de la facturación eléctrica de los últimos doce meses. El proyecto también fija límites a los intereses y prohíbe sumar punitorios, comisiones, gastos administrativos o cargos financieros que incrementen la deuda.
“Un plan de pagos tiene que servir para solucionar el problema, no para generar una deuda todavía mayor”, afirmó Delgado Sempé.
La propuesta busca que la cuota pueda afrontarse junto con los gastos habituales de un comercio o emprendimiento, entre ellos salarios, alquiler, proveedores, impuestos, mercadería y la factura corriente de electricidad.
Otro aspecto central establece que, desde el momento en que una micro o pequeña empresa solicite acogerse al régimen, quedaría suspendido cualquier procedimiento de corte relacionado con esa deuda.
La prestadora tendría diez días hábiles para presentar una propuesta de regularización. Si no lo hiciera dentro de ese plazo, el usuario podría acceder de pleno derecho al plan máximo previsto por la ley.
En caso de que el servicio ya haya sido interrumpido, una vez formalizado el acuerdo de pago, la empresa prestadora debería reconectar la energía dentro de las 24 horas y sin cobrar un cargo de reconexión.
Para acceder al régimen, las empresas deberán acreditar su condición de micro o pequeña empresa mediante el Certificado MiPyME o los mecanismos que establezca la reglamentación.
El proyecto también propone crear una Mesa Provincial de Energía, presidida por el EPRE e integrada por cámaras empresarias de distintas regiones y representantes del Poder Ejecutivo.
Los pequeños empresarios podrían reclamar ante el EPRE cuando consideren que el plan ofrecido es desproporcionado o imposible de cumplir. Mientras se resuelva ese planteo, tampoco podría interrumpirse el suministro.
Delgado Sempé remarcó que la iniciativa busca equilibrar el derecho de las prestadoras a cobrar por el servicio con la necesidad de preservar pequeñas unidades económicas y fuentes laborales.
“Una deuda de luz no puede transformarse en la sentencia de cierre de un comercio”, sostuvo. Y agregó: “primero permitamos que sigan trabajando para que puedan pagar”.
La propuesta plantea así que el corte de energía deje de ser una respuesta inmediata frente a una deuda y pase a constituir la última instancia, después de agotar alternativas de regularización que permitan sostener la actividad y el empleo.