La Legislatura analiza habilitar armas no letales en la Policía de Río Negro con el objetivo de prevenir y reducir la violencia en intervenciones.
Un proyecto de ley presentado en la Legislatura de Río Negro abre el debate sobre el uso de la fuerza en la seguridad pública. La iniciativa, impulsada por la legisladora Yolanda Mansilla (Primero Río Negro), propone autorizar y regular la utilización de armas no letales, también denominadas “menos letales”, por parte de la Policía provincial, con el objetivo de incorporar herramientas intermedias que permitan actuar de manera gradual ante situaciones de conflicto.
La propuesta parte desde la premisa de evitar que los efectivos deban recurrir directamente a armas de fuego en escenarios donde la amenaza no representa un riesgo extremo para la vida.
Según se desprende del proyecto, actualmente los agentes que patrullan la vía pública cuentan principalmente con pistolas calibre 9 milímetros, cuyo uso está estrictamente limitado a circunstancias críticas. Sin embargo, en la práctica cotidiana, existen numerosos episodios en los que esa respuesta resulta desproporcionada frente a la situación.
El eje central de la iniciativa es dotar a la fuerza policial de un abanico de recursos que permita intervenir con distintos niveles de intensidad. Bajo este esquema, el uso de la fuerza se ajustaría a criterios de proporcionalidad y racionalidad, priorizando siempre la disuasión y la reducción del daño.
Entre los dispositivos contemplados se encuentran los equipos de incapacitación neuromuscular, como las pistolas tipo Taser o Axon, aerosoles irritantes como el gas pimienta, armas de proyectiles cinéticos (balas de goma o polímeros) y granadas de distracción, tanto acústicas como luminosas. Estas tecnologías ya se utilizan en diversas jurisdicciones del país y en fuerzas de seguridad de otros países, lo que, según el proyecto, demuestra su eficacia en contextos controlados.
La propuesta busca así cubrir un vacío operativo: aquellas situaciones en las que existe una amenaza concreta (como ataques con armas blancas, disturbios o enfrentamientos con múltiples agresores), pero donde el uso de un arma letal no es la respuesta adecuada.
Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es la incorporación de mecanismos de control y capacitación. La iniciativa establece que solo podrán portar este tipo de armas aquellos efectivos que cuenten con formación técnica y operativa específica, la cual deberá ser certificada y registrada.
Además, se plantea la creación de un registro actualizado de agentes habilitados, lo que permitiría un seguimiento institucional del uso de estas herramientas. Este punto apunta a evitar abusos o usos indebidos, uno de los principales cuestionamientos que suelen surgir en torno a este tipo de tecnologías.
En esa misma línea, el proyecto incorpora un elemento clave vinculado a la transparencia: todos los procedimientos en los que se utilicen armas no letales deberán ser registrados mediante sistemas de audio y video. Este material funcionaría como respaldo tanto para la ciudadanía como para los propios efectivos, en caso de que las intervenciones sean objeto de revisión administrativa o judicial.
El texto legislativo delimita con precisión las situaciones en las que podría emplearse este tipo de armamento. Se establece que su uso estará permitido ante escenarios de “peligro inminente”, definidos por conductas violentas, agresiones con armas blancas o cuando el número de atacantes supere la capacidad de respuesta del agente.
De este modo, se busca evitar una utilización indiscriminada y garantizar que estas herramientas sean empleadas exclusivamente en contextos donde exista una necesidad real de intervención, pero sin llegar al extremo de comprometer la vida de las personas involucradas.
Río Negro no sería la primera jurisdicción en avanzar en este sentido. Provincias como Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Tucumán, Jujuy, San Juan y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya han incorporado armas no letales en sus fuerzas policiales. A este listado se sumó recientemente Neuquén, en una decisión que generó repercusión en toda la región.
La experiencia de estas provincias será, sin dudas, un antecedente clave en el análisis del proyecto rionegrino. Mientras algunos sectores destacan que estas herramientas contribuyen a reducir la letalidad en los procedimientos policiales, otros advierten sobre la necesidad de controles estrictos para evitar excesos.
La discusión que se abre en Río Negro no es menor. La incorporación de armas no letales plantea un delicado equilibrio entre la necesidad de brindar mayores herramientas a las fuerzas de seguridad y la obligación de garantizar el respeto por los derechos humanos.
En un contexto donde la seguridad pública es una de las principales preocupaciones sociales, el proyecto pone sobre la mesa una alternativa que busca fortalecer la capacidad de respuesta policial sin incrementar los niveles de violencia. La clave estará, como señala la propia iniciativa, en la regulación, la capacitación y el control efectivo de su acción.
El debate legislativo recién comienza, pero ya anticipa posiciones encontradas en torno a cómo intervenir frente al delito sin escalar el uso de la fuerza. En ese escenario, la posibilidad de incorporar armas no letales aparece como una opción que, de avanzar, podría marcar un cambio significativo en la forma de abordar la seguridad en la provincia.