Un planteo ante el Concejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas cuestiona el cobro de infracciones emitidas antes de la sanción de la ordenanza.
La polémica por el funcionamiento de las fotomultas suma un nuevo capítulo en el Alto Valle, esta vez en Cinco Saltos. Un planteo presentado formalmente ante el Concejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas solicita auditar la implementación del sistema de fiscalización electrónica y determinar si corresponde la anulación de las infracciones cobradas.
El eje del reclamo expone una contradicción en los plazos normativos. La Ordenanza 1657/2026, normativa que regula específicamente el uso de tecnología para controlar y sancionar faltas de tránsito, fue aprobada el 3 de junio de 2026. Sin embargo, existen actas cuestionadas que registran fechas anteriores, labradas el 28 de noviembre de 2025 y el 2 de enero de 2026, informó Seny Radio.
A raíz de esta discrepancia, el escrito exige esclarecer qué autoridad dio luz verde al funcionamiento del sistema, mediante qué acto administrativo se ejecutó la medida y qué regulación respaldaba la aplicación de las sanciones en las fechas previas a junio de 2026.
En el mismo sentido, el planteo cuestiona la efectividad de las notificaciones enviadas y el resguardo del derecho de defensa de los vecinos. Por este motivo, se solicita analizar el desempeño del Juzgado de Faltas respecto al procesamiento y aval de estas actas.
La solicitud abarca también aspectos contractuales e institucionales. Se pide revisar en detalle los convenios firmados con los proveedores del servicio, la estructura de costos, las liquidaciones y la totalidad de los ingresos generados por la cobranza de las multas.
Por último, se requirió auditar el tratamiento de los datos personales en la plataforma externa utilizada para consultar las infracciones. La medida busca determinar si el sistema operó bajo el marco legal correspondiente y si existen responsabilidades administrativas o institucionales derivadas de su ejecución.
La Municipalidad de Cinco Saltos había impulsado esta iniciativa como parte de un plan de seguridad vial con dispositivos inteligentes para detectar el cruce de semáforos en rojo en los puntos con mayores índices de siniestralidad.
El proyecto se anunció formalmente en diciembre de 2024, aunque tardó dos años y medio en contar con un marco legal. Según la información oficial del Municipio, los equipos estaban instalados desde el 30 de octubre operando con fines estadísticos, registrando más de 100 infracciones diarias.
La planificación oficial preveía iniciar los controles con sanción a partir de la segunda quincena de diciembre. Sin embargo, la brecha de tiempo entre el anuncio de 2024 y la aprobación del marco regulatorio en 2026 dejó sin aclarar qué normativa respaldó el cobro de las multas en el período intermedio.