La Justicia prorrogó las medidas cautelares de la titular de la agencia de viajes Lola Tour. La presunta estafa significa un perjuicio económico de 200 millones de pesos.
La investigación por las presuntas estafas en viajes al exterior realizadas por la Agencia de viajes Lola Tour sumó un nuevo capítulo en la audiencia que tuvo lugar esta mañana. La empresa turística ubicada en General Roca ya tiene 60 denuncias y se advirtió que aumentó el riesgo de fuga de su titular, Yolanda Livera.
En ese sentido, la jueza de Garantías prorrogó las medidas cautelares vigentes hasta la audiencia de formulación de cargos, prevista para el próximo 10 de abril. La defensa no se opuso al pedido.
Entre las restricciones se mantienen la prohibición de salida del país, la inhibición general de bienes tanto inmuebles como automotores, el bloqueo y congelamiento de cuentas y la obligación de realizar una presentación diaria en Fiscalía.
"Actualmente existen en fiscalía alrededor de 60 denuncias; se ha incorporado al legajo una nueva querellante y restan pericias por realizar. La correspondiente a la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OiTEL) fue fijada para el 8 de mayo próximo, mientras que la pericia informática forense se realizó el pasado 16 de marzo. El jefe del Laboratorio informó que se continúa trabajando en su análisis”, explicó la fiscal.
Durante la audiencia, se informó que la investigación avanza con análisis técnicos. La pericia de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OiTEL) fue fijada para el 8 de mayo próximo y la pericia informática ya fue realizada el 16 de marzo y continúa bajo análisis, según informó el Laboratorio.
“En este contexto, la prórroga de las medidas cautelares resulta necesaria, ya que el peligro de fuga continúa vigente y las circunstancias descriptas lo han incrementado”, agregó la representante del Ministerio Público Fiscal.
Por esta razón, la fiscalía solicitó que se mantengan las medidas cautelares como la fijación y mantenimiento de un domicilio, la prohibición de salida del país, inhibición general de bienes tanto inmuebles como automotores, el bloqueo y congelamiento de las cuentas bancarias.
Por su parte, el defensor penal público que asiste a la imputada no se opuso a las medidas y adhirió al pedido fiscal, “en virtud de que ya hemos sido notificados de la audiencia de formulación de cargos”.
Finalmente, la jueza de Garantías interviniente resolvió prorrogar la vigencia de las medidas cautelares hasta el 13 de abril o hasta que concluya la audiencia de formulación de cargos.
La investigación por presuntas estafas vinculadas a la agencia de viajes Lola Tour tuvo una nueva audiencia en los tribunales de General Roca, donde la jueza de Garantías Claudia Lemunao resolvió mantener las medidas cautelares contra la titular de la firma, Yolanda Beatríz Livera. Las restricciones incluyen el bloqueo de cuentas bancarias, billeteras virtuales y activos digitales, la inhibición general de bienes, la prohibición de salida del país y la obligación de fijar domicilio. Medidas que seguirán vigentes hasta el 5 de abril.
Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal de Río Negro expuso que la causa creció en volumen y complejidad. Actualmente se tramitan decenas de legajos con distintas víctimas y modalidades de presunta estafa relacionadas con la venta de viajes al exterior.
Según lo informado, los hechos investigados se habrían producido entre septiembre de 2024 y octubre de 2025. Las denuncias señalan la contratación de paquetes turísticos que nunca se concretaron, situación que derivó en un proceso penal con múltiples damnificados.
Las querellas adhirieron al pedido fiscal de sostener las cautelares, mientras que la defensa solicitó habilitar una nueva cuenta bancaria para permitirle a la imputada realizar tareas laborales ajenas al turismo. El planteo fue rechazado al considerar que flexibilizar las restricciones no garantiza evitar nuevos perjuicios.
El expediente se inició tras denuncias de clientes que abonaron viajes al exterior que no se realizaron. En octubre de 2025 la Justicia ya había ordenado allanamientos, bloqueo de cuentas e inhibición de bienes, y con el avance de la investigación se incorporaron nuevos casos que ampliaron el alcance del proceso.
De acuerdo con lo manifestado por el fiscal, el perjuicio total “ascendería a 109.326,39 dólares y 92.179.837 pesos”, equivalentes a más de $200 millones según el valor del dólar actual.
El fiscal Gastón Britos Rubiolo detalló que la investigación unifica múltiples legajos y contempla operaciones presuntamente realizadas en dólares y pesos. Parte del dinero habría sido abonado mediante transferencias y pagos en efectivo.
De acuerdo con la acusación, la titular de la agencia ofrecía paquetes turísticos sin posibilidad real de cumplimiento. En varios casos se habrían emitido reservas con códigos falsos o se habrían utilizado tarjetas de clientes y de una empresa proveedora para concretar operaciones de corto plazo luego desconocidas por entidades financieras.
El perjuicio económico estimado asciende a más de 109 mil dólares y más de 92 millones de pesos, cifras que, convertidas al valor actual, superan los 200 millones. Este volumen es uno de los argumentos centrales para sostener las restricciones patrimoniales.
La defensa pública, ejercida por el abogado Miguel Salomón, solicitó el desbloqueo de fondos para cumplir compromisos previos y reducir la frecuencia de presentaciones ante fiscalía, alegando que la imputada es sostén de familia. La jueza rechazó el planteo al considerar que la propia acusada manifestó no disponer de fondos.
La magistrada también desestimó el pedido de querellantes para prohibir la comercialización de pasajes, al entender que la causa se encuentra en etapa preliminar y que esa medida implicaría una restricción específica no justificada en este momento procesal.
La investigación continúa en fase preliminar con el objetivo de resguardar bienes y fondos, evitar la continuidad de presuntas maniobras y preservar eventuales responsabilidades patrimoniales. El caso mantiene en alerta al sector turístico regional y a decenas de familias que aguardan definiciones judiciales.