Los habían acusados por provocar pérdidas económicas. Lograron un acuerdo alternativo con donaciones para establecimientos educativos por los que protestaban.
El grupo de padres que en el año 2023 cortó la Ruta Nacional 151 y la provincial 69 en demanda por obras y arreglos en los establecimientos educativos donde asistían sus hijos avanzan en acuerdos para no ser sancionados por la Justica rionegrina.
Cuatro de ellos arreglaron donaciones establecidas entre las medidas de comportamiento de una suspensión de juicio a prueba. Uno aportó un parlante de sonido a la escuela 300 de San Isidro por un valor de 115 mil pesos. Otro hizo otorgó una contribución a la Biblioteca de Campo Grande, otro al Jardín de Infantes del barrio Labrador por 40 mil pesos y el restante una entrega en efectivo.
Recientemente otros dos vecinos -una mamá y un papá- fueron absueltos tras cumplir las reglas impuestas en un criterio de oportunidad, el método alternativo de resolución de conflictos establecido en el Código Penal. Ellos también pactaron un aporte para las instituciones por las cuáles reclamaban.
La manifestación se registró en julio de 2023, cuando los padres de manera organizada cortaron ambas rutas, descontentos por el estado edilicio de los establecimientos y por la construcción de uno nuevo.
Los piquetes, que se extendieron durante varios días, generaron enormes embotellamientos de tránsito, camiones especialmente, y un perjuicio económico relevante, dado que interrumpieron rutas que conducen a los yacimientos hidrocarburíferos, especialmente Vaca Muerta, en Neuquén, y los ubicados en Catriel.
Los padres fueron imputados por el delito de “Entorpecimiento de Transporte y Servicios” en concurso real con “Amenazas coactivas agravadas”.
La acusación de la Fiscalía indicó que el bloque tuvo el propósito de “doblegar la voluntad” del entonces ministro de Educación provincial, Pablo Núñez, y del intendente de Campo Grande, Ariel Rivero.
Según se destacó, buscaban conseguir la promesa que construirían un nuevo edificio para el colegio primario 300 de San Isidro, en un terreno cedido por privados.
“La dimensión del daño resulta incalculable, pues se vio afectada la actividad petrolera y sólo basta observar los kilómetros de cola de camiones parados durante largas horas”, precisó la imputación.
Agregó que “este es el mal que atemorizó a las autoridades que se vieron obligadas a responder a las exigencias de los manifestantes más allá de toda razonabilidad siendo que los reclamos pretendidos debían ser encarrilados a través de los trámites administrativos correspondientes, asumiendo dolorosos costos para su implementación...”.
Tras la formulación de cargos, las partes comenzaron a buscar una salida alternativa y consensuaron un criterio de oportunidad.
En una audiencia realizada recientemente, a cargo de la jueza Rita Lucía, la fiscal Judith Saccomandi pidió el sobreseimiento de ambos, con el argumento de que los aportes comprometidos -que no fueron precisados- habían sido realizados. Naturalmente, el defensor particular Amador Muñoz adhirió a lo requerido por la Fiscal.
Ante la postura coincidente de las partes, la jueza Lucía accedió a otorgarles el sobreseimiento. Además, declaró, como se lo ordena el Código Penal, que el proceso “no afecta el buen nombre y honor que pudiera gozar” los imputados.
El reclamo de los padres logró, en parte, ser efectivo. Aunque no consiguieron que les construyeran una nueva escuela 300 como habían exigido, consiguieron que el gobierno presentara un plan para remodelar el edificio original.
La obra tuvo una inversión de $27.275.903,16, y consistió en la refacción de filtraciones, reparación de revoque interior, impermeabilización de cubierta, reparación de canaletas, colocación de cielorrasos con nuevas luminarias y revisión completa de instalación eléctrica.
Además, se colocaron puertas nuevas y se realizó la construcción de nuevo contrapiso y colocación de pisos, entre otros trabajos. En noviembre de 2023 los trabajos quedaron finalizados y los chicos pudieron volver a las aulas.