El hombre atacó a la mujer a piñas, patadas y fierrazos en la cabeza. Sus hijos menores intentaron defenderla y también los golpeó. La Justicia de Paz hizo un abordaje interdisciplinario del caso.
Al menos por un lapso de 90 días, un hombre tendrá prohibido acercarse a menos de 500 metros de la casa donde vive su esposa desde hace 15 años y sus tres hijos menores, a quienes golpeó salvajemente tras ponerse borracho. Tampoco le tiene que hacer ningún tipo de reclamo ni hostigarla mediante llamados telefónicos, mensajes o publicaciones en redes sociales.
La medida la dispuso el juez de Paz de Cinco Saltos, Enzo Espejo, luego de que la mujer presentara el último 30 de julio una denuncia por violencia de género en la Comisaría de la Familia de la misma localidad.
La resolución también incluyó la orden de acompañamiento policial para la víctima, retire ese mismo día sus enseres personales y de su grupo familiar. Asimismo, ante la gravedad de los hechos ante la posible existencia de un delito de orden penal, pidió la intervención del Ministerio Público, como también de la Defensoría de Menores y a la SENAF -Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia-.
En la denuncia, la mujer relató que MAS -así fue identificado en la resolución- la fue a buscar a su trabajo y de inmediato advirtió que había consumido bebidas alcohólicas.
Fueron hasta el domicilio que compartían, y cuando bajaban del vehículo la empezó a insultar, y ya al ingresar a la vivienda la comenzó a golpear.
Dijo que intentó defenderse, pero que le resultó difícil moverse, momento que fue aprovechado por MAS, quien le descargó una andanada de piñas en la cara y en los brazos, hasta que la agarró de los pelos y la tiró al piso, donde le siguió dando patadas.
La paliza era tal que los niños -el mayor tiene 15 años- intervinieron para frenarlo, y lo golpearon para que soltara a su mamá.
Pero el violento lejos de calmarse los atacó también. Aunque no fue todo, porque después cuando ella logró ponerse de pie él continuó pegándole con el fierro de un tender, hasta que lograron salir de la vivienda.
El juez Espejo abordó el caso aplicando un abordaje interinstitucional e interdisciplinario, con perspectiva de género en clave de derechos humanos, la protección de la familia y el interés superior por los niños y niñas y adolescentes.
Impuso una serie de medidas cautelares por 90 días con el fin de preservar a la denunciante y a sus hijos. El plazo puede ser prorrogado, de acuerdo a lo que considere el Juzgado de Familia donde recaiga la causa.
La primera le prohíbe a MAS acercarse a la residencia de la mujer a menos de 500 metros. Tampoco debe contactarla por ningún medio. Le advirtieron que en caso de incumplimiento lo acusarán por desobediencia judicial con intervención de la Fiscalía.
También le ordenaron realizar “de manera obligatoria” tratamientos psicoterapéuticos “a través de programas reflexivos, educativos, de prevención y erradicación de la violencia familiar, a fin de internalizar su responsabilidad, abandonar y deslegitimar sus comportamientos violentos”.
En tanto que la víctima y el grupo familiar también deberán recibir asistencia médica y psicológica, ya sea en la órbita del sistema público de salud u otra institución similar.