El ex intendente de Fernández Oro y titular del IPPV busca desligarse de la causa por la construcción de viviendas que motivó la condena de su antecesor, a quien vinculó con hechos de corrupción.
El ex intendente de Fernández Oro y actual interventor del IPPV, Mariano Lavin, acudió este lunes a la sede judicial de Cipolletti y presentó documentación referida a la construcción de 12 casas proyectadas con fondos de un programa nacional por cooperativas, en el que se detectaron irregularidades en el proceso y que llevó a que su antecesor, Juan Reggioni, fuera condenado a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
En las puertas de tribunales el funcionario provincial declaró ante la prensa que se concurrió “espontáneamente sin ser citado para presentar todos los medios probatorios vinculados con las viviendas por cooperativas, por las que fue condenado el ex intendente de Fernández Oro”, resaltó sin mencionar a su rival político, a quien acusó de montar “un circo” y lo relacionó con hechos de corrupción.
En el juicio en el que fue sentenciado Reggioni, el fiscal jefe Gustavo Herrera confirmó que investigará a Lavin, debido a que cuando asumió el gobierno, en marzo de 2016, la comuna recibió $1.357.000 correspondientes al cuarto y último desembolso destinado al esquema habitacional.
“Como pasaron 20 días y todavía no hemos sido citados a presentar las pruebas para aclarar como se utilizaron esos fondos me estoy presentando espontáneamente para facilitar el trabajo de la justicia además para solicitar que se esclarezca lo más rápidamente posible esto, para terminar por este circo armado por el ex intendente”.
Además de la documentación, el dirigente dejó en la Justicia un escrito en el que expresó su deseo de “colaborar en el esclarecimiento de los hechos y reafirmar mi compromiso con la transparencia y el respeto institucional”.
Subrayó asimismo que su actuación al frente del municipio “siempre se rigió por principios de rendición de cuentas y acceso a la información pública”.
En su defensa, Lavín no negó haber recibido los fondos, pero aseguró que los utilizaron para pagar deudas generadas por las casas planificadas.
“Lo que hicimos cuando llegó ese dinero fue pagar todas las ordenes de pago emitidas durante la gestión anterior. O sea ejecutamos los fondos para lo que era: pagar la obra de viviendas por cooperativas”, aseveró.
Aclaró que “Nosotros de esa obra no armamos un solo expediente, no compramos un solo ladrillos, no contratamos mano de obra” y reiteró que se dedicaron a pagar los trabajos que “en teoría ya estaban realizados”.
Precisó que los pagos los efectuaron a proveedores que vendieron los materiales. “Nosotros nos dedicamos a hacer lo correcto”, subrayó.
Lavin resaltó que Reggioni aún tiene causas abiertas en la Justicia por hechos registrados en su gestión de gobierno, además de las casas por cooperativas.
Mencionó por caso la investigación de Techo Digno, en el que también está imputado el ex jefe comunal junto a un empresario de apellido Sarasola, que tuvo a cargo la construcción de las unidades.
“Cuando llegamos a la gestión encontramos certificados que decían que había 100 viviendas terminadas, de las cuales ninguna de las 100 estaban terminada y 50 de ellas tenían solo las plateas hechas”, aseguró el interventor del IPPV.
Pero agregó que hay otro caso relacionado con una obra de captación de agua, también a construirse con fondos nacionales.
“Estaba certificada como el 100% de ejecución y solo estaba hecha la cañería y de la captación solo había yuyos al lado del río”, recalcó, y consideró que Reggini “todavía tiene muchas explicaciones para dar”.
Al mismo tiempo negó que de su parte existan motivaciones políticas en su acusación.
"Parece que cuando hay un acto de corrupción y un político es denunciado, siempre es persecución", aclaró y advirtió que "no vamos a permitir de ninguna manera que los delincuentes nos pongan en su mismo nivel".
Reggioni fue condenado a tres años de prisión en suspenso -no lo lleva a prisión- el último 30 de junio por "administración fraudulenta agravada contra la administración pública y del uso de documento ideológicamente falso".
La maniobra que motivó la sanción se relaciona con la utilización de una declaración jurada adulterada que permitió destrabar el cuarto y último desembolso de un plan nacional de viviendas. De las doce unidades previstas por el programa, solo seis fueron construidas total o parcialmente, determinó la investigación.
El tribunal analizó si existió una maniobra dolosa para obtener fondos sin respetar las condiciones del convenio firmado entre el municipio y la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación.
El acuerdo establecía la construcción de doce viviendas en seis meses, con desembolsos escalonados sujetos a certificaciones técnicas. Reggioni gestionó tres de los cuatro desembolsos, equivalentes al 75% del financiamiento total. En una declaración jurada de agosto de 2015 —clave en la maniobra— afirmó haber ejecutado ese mismo porcentaje, lo que implicaría nueve viviendas finalizadas. Sin embargo, durante el juicio se acreditó que solo se habían construido seis viviendas (completas o parciales), es decir, apenas el 50% del total comprometido.
A pesar de ese desfasaje, se presentó una rendición de cuentas que indicaba un avance físico del 75%, lo que motivó la aprobación del cuarto desembolso. Dicha rendición fue acompañada por una declaración jurada firmada solo por Reggioni, sin la intervención del maestro mayor de obras que había certificado las etapas anteriores. La omisión de esa firma técnica y el porcentaje irreal de avance informado constituyeron el núcleo de la maniobra analizada por el tribunal.
En la audiencia en la que se decidió la pena, Reggioni se defendió y afirmó que "No cometí ningún delito, las viviendas están hechas".