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Los vecinos habían visto como castigaban al chiquito, de entre 2 y 3 años, pero no se involucraban por temor. Pero uno de ellos se animó y denunció a los padres.
Un vecino de Allen expuso una gravísima situación en que se encuentra, tras denunciar en la policía, y con identidad reservada, que en una casa aledaña a la suya una pareja golpeaba violentamente a su pequeño hijo, de entre 2 y 3 años.
“….soy testigo hace un tiempo, ya que varias veces pude observar como estas dos personas golpean fuertemente” a la criatura, advirtió el autor de la presentación, que reveló un firme compromiso ciudadano y miedo a lo que pueda sucederle al chiquito víctima.
Agregó que “todos los vecinos pueden dar cuenta de ello, pero todos tememos la reacción, ya que son personas bastante conflictivas”.
En su declaración afirmó que ese día en que concurrió a la unidad policial -el 26 de diciembre último- estaba en el domicilio de un conocido y que “pude ver como golpeaban” al niño y que le tiraron un parlante “haciendo que éste cayera al piso”.
Después, precisó, la madre lo metió a la casa y el hombre se retiró en una moto.
“Al ver esto, mi amigo agregó de eso pasaba siempre”, en referencia a que la pareja se peleaba y que “se golpeaban al igual que al niño, pero que nadie se anima a hacer algo”.
La denuncia, encuadrada en la Ley 3040, de violencia familiar, fue girada al Juzgado de Paz de Allen, cuyo titular Antonio Barrera Nicholson dispuso -tal como lo solicitó el testigo- adoptar como medida protectoria y preventiva “la intervención urgente de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), para que se elabore “un amplio informe socio ambiental en cada uno de los domicilios de las partes y establezca las estrategias posibles para solucionar la conflictiva familiar emergente”.
El magistrado sostuvo que “se debe tutelar los intereses del niño en salvaguarda de su integridad psicofísica”.
“El hijo de la pareja se encuentra inmerso en situaciones de violencia física, psicológica y emocional, que palmariamente denota la vulneración de sus derechos protegidos por convenciones internacionales, por la ley 26.061 y la Ley provincial Nº 4109, atento que las niñas, niños y adolescentes poseen una situación particular de vulnerabilidad, basada en la dependencia necesaria de un adulto para su desarrollo”, expresó el funcionario.
Añadió que “Los cuidados del entorno familiar, a través de los padres o los adultos referentes, se hacen especialmente necesarios para asegurar un saludable y completo bienestar físico, psíquico y mental. Brindar estos cuidados es una responsabilidad por la que deben velar las familias, la comunidad en su conjunto y el Estado”.
El juez ordenó librar un oficio a la SENAF y elevó la causa a la Oficina de Tramitación Integral Fuero de Familia (OTIF) con asiento en General Roca.