Los hechos ocurrieron en Fernández Oro, en el seno de una familia proveniente de Bolivia. La víctima contó lo que padeció en un hogar donde está internada.
Un hombre domiciliado en Fernández Oro fue condenado a ocho años de prisión por violar a su hijastra, menor de edad. El caso, recientemente ventilado en un juicio realizado en Cipolletti, reveló que la víctima se encontraba en total estado de vulnerabilidad.
La joven había quedado embarazada a muy corta edad -aunque no se confirmó si fue por esos abusos- y no contaba con la protección de los integrantes de su familia, de origen boliviana. La tildaron de mentirosa, conflictiva y por provocar a al hombre de 43 años, quien seguirá libre hasta que el fallo quede firme.
La niña expuso lo que había padecido durante cerca de un año en un hogar que contiene a jovenes con distintas problemátiva ubicado en una localidad del Alto Valle, al que llegó tras escaparse de su casa y donde continúa alojada. Contó que el padrastro -identificado como HVZ en el documento judicial- la había accedido carnalmente, por lo que las autoridades de la institución presentaron la denuncia penal que dio inicio a la causa.
La acusación planteada por el fiscal Guillermo Ibañez, respaldada por la defensora de Menores Alicia Merino, describió tres hechos ocurridos entre el 15 de abril de 2019 y la misma fecha del año siguiente, cuando ella contaba entre 12 y 13 años de edad.
El primero de ellos fue en la vivienda que compartía la familia en Fernández Oro. La chica estaba acostada y HZ -aprovechando que no estaba su pareja y madre de la criatura- la llevó a la cama matrimonial, donde comenzó a besarla, le sacó la ropa y le tapó la boca cuando intentó gritar y le dijo “… yo se que vos querés…” y la penetró vaginalmente con su pene.
El segundo ataque ocurrió en el domicilio del hermano del imputado en un carro que se encontraba junto a la vivienda, donde la volvió a desnudar y la violó.
Finalmente en la casa familiar, cuando la chica estaba en la cocina, la arrojó sobre una cama, la manoseó los pechos y nuevamente la penetró, a la vez que le repetía “yo sé que vos querés”.
HVZ, quien dijo que trabajaba de albañil y vendedor ambulante, fue imputado por “abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por encargado de la guarda y contra una menor de 18 años aprovechando la situación de convivencia preexistente”.
Al momento de declarar en el debate se declaró inocente. “Estoy indignado por esta acusación que se hace hacia mi persona”, expresó y aseguró que estaba poco en la casa, pues salía temprano a la mañana, volvía para almorzar y se retiraba nuevamente a estudiar, y que regresaba se iba a dormir.
El defensor Oficial Mario Nolivo buscó desacreditar la versión acusatoria con la declaración de la madre, la abuela y una prima, quienes defendieron al acusado y aseguraron que la adolescente mentía, que era promiscua y había inventado el relato para perjudicar a la madre.
Además, pidió invalidar la acusación porque había detectado imprecisiones respecto al tiempo de los hechos enrostrados. “No se sabe en qué momento del año ni horario habrían ocurrido”, sostuvo entre los fundamentos para reclamar la absolución.
Sin embargo, su pedido fue desestimado por el tribunal integrado por Alejandra Berenguer, María Florencia Caruso Martin y Guillermo Baquero Lazcano, que finalmente lo declaró culpable por unanimidad.
En el voto rector, Berenguer valoró como prueba “de mayor relevancia” el testimonio de la menor que mantuvo “a lo largo del tiempo” y que fue “corroborado por numerosos indicios que resultan suficientes en esta instancia para arribar al grado de certeza requerido en la manda legal”.
Destacó que la joven contó en cámara Gesell que VZ “la molestaba, tocaba en contra de su voluntad distintas partes del cuerpo, que le daba besos en la boca, que le azotaba los glúteos como si fuera un juego, aun en presencia de la madre, que la instaba a utilizar determinada vestimenta como por ejemplo polleras cortas, que era celoso, que no quería que se juntara ni con el vecino, que no le permitía tener novio hasta a los 20 años, etc”.
La magistrada consideró relevante para corroborar lo afirmado por la víctima las declaraciones de profesionales del SENAF -Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia- que la habían asistido por incidente sucedidos antes de que se ventilen las violaciones y con posterioridad, y también lo aportado por las autoridades del hogar donde se encuentra alojada, a quien develó en primer lugar los abusos sufridos.
Tras la declaración de culpabilidad, las partes consensuaron en el juicio de cesura imponerle ocho años de prisión, que es el mínimo de la escala penal del delito achacado. Se tuvo en cuenta al fijar el monto que el acusado carece de antecedentes penales computables y que se presentó a los estrados judiciales cada vez que lo requirieron.
La defensora de Menores, Alicia Merino, no tuvo objeciones a lo acordado y destacó que tomó contacto con la menor, quien dijo que está de acuerdo con el castigo propuesto.
En cuanto a la defensa, también avaló el acuerdo de pena, aunque anticipó que va a recurrir la declaración de culpabilidad del hombre.
En el juicio quedó reflejado que la niña vivió experiencias duras, a pesar de su corta edad y se encontraba en total estado de vulnerabilidad. Había tenido prácticas sexuales y quedó embarazada a los 12 años, el que fue interrumpido por un aborto legal. Su madre la rechazaba y la había enviado a vivir a Buenos Aires con su abuela, pero volvió porque no la podían controlar.
Poco después de su llegada a Fernández Oro comenzó a ser acechada por su padrastro. Ella reaccionó escapando de su casa. Sufría múltiples malos tratos e incluso en una oportunidad la dejaron encadenada, pero logró zafarse y huyó. Ahí la encontró la Policía y la puso a disposición del Senaf. La intervención del organismo derivó en su internación en el hogar de menores, donde está hace tres años, y donde también develó que había sido violada por la pareja de la madre.
La actitud que tuvo la madre con ella fue uno de los puntos salientes en el debate, en el que quedó de manifiesto el "desinterés" que sentía por su hija y su negativa a mantener el vínculo, lo que fue ratificado por el personal del Senaf y la responsable del establecimiento donde continúa internada.
"Es dable recordar que no se juzga la conducta de la progenitora de la menor víctima, pero si es necesario destacar la misma en pos de visibilizar la vulnerabilidad de la niña como el contexto de oportunidad que tuvo el agresor sexual para con ella", expresa el fallo.