El hombre que disparó dentro de un bar en mayo irá a juicio ante un Tribunal Colegiado, tras la presentación de pruebas de fiscalía y defensa.
La fiscalía y la defensa particular expusieron ante el juez Gastón Martin la totalidad de la prueba reunida durante la investigación. El objetivo fue avanzar hacia la etapa de debate oral y público contra el hombre acusado de disparar un arma de fuego dentro de un bar roquense.
El imputado cumple, desde la formulación de cargos, la medida cautelar de prisión preventiva. La fiscal Verónica Villarruel había solicitado esa medida al considerar el riesgo procesal y la gravedad del hecho ocurrido durante la madrugada del 15 de mayo pasado.
Según relató Villarruel, el hecho ocurrió alrededor de las 4 de la mañana en la intersección de calle 9 de Julio casi Italia en General Roca. El acusado primero intentó proponerle a una empleada del local que lo acompañara a su vivienda.
Ante la negativa, redirigió la propuesta hacia el encargado del bar, quien también rechazó el ofrecimiento. Frente a ambas negativas, el hombre extrajo una pistola calibre .380 que no estaba habilitado para portar legalmente.
Con el arma efectuó al menos dos detonaciones dentro del establecimiento. Uno de los disparos impactó contra el cristal de una heladera comercial, generando pánico entre las personas presentes en el lugar en ese momento.
El episodio escaló cuando un efectivo policial que realizaba tareas de prevención en la zona se acercó a pie hacia donde se encontraba el hombre armado. El uniformado advirtió que el sujeto empuñaba la pistola y lo apuntaba directamente.
Tras dar la voz de alto reglamentaria, el policía se abalanzó sobre el agresor y logró reducirlo, quitándole el arma de fuego. Esa acción evitó que la situación derivara en consecuencias aún más graves para los presentes.
La fiscalía solicitó al magistrado que la causa avance hacia juicio bajo la calificación legal de abuso de armas, portación ilegal de arma de guerra y atentado contra la autoridad, todo en concurso real de delitos.
Debido a la pretensión punitiva, que supera los tres años de prisión, el Ministerio Público Fiscal pidió que el debate se realice ante un Tribunal Colegiado. Esta composición corresponde a los casos con penas más severas.
Entre los elementos probatorios enumerados figura el informe de la Administración Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) sobre el imputado y sobre el arma incautada. También se incorporó el acta de procedimiento policial de la Comisaría 3ra.
Se suman la denuncia formal del encargado del local, el material fílmico analizado por los investigadores y la intervención del Cuerpo de Investigaciones Judiciales. El Gabinete de Criminalística también aportó tareas técnicas junto al croquis del lugar del hecho.
La fiscalía adelantó que convocará a declarar en el juicio tanto al personal policial interviniente como a los denunciantes y a otros testigos del episodio. Se incorporarán, además, la pericia balística y la pericia armera correspondientes al procedimiento.
Durante la audiencia, fiscalía y defensa acordaron una convención probatoria relevante para el debate. Establecieron que el arma secuestrada corresponde a la categoría de arma de fuego de guerra y que su mecanismo de disparo funcionaba correctamente al momento del secuestro.
También coincidieron en que el arma guarda correspondencia con las vainas y los proyectiles hallados en la escena del hecho, un punto técnico que evitará controversias periciales durante el juicio oral.
La defensa particular del acusado compartió la prueba enunciada por la representación fiscal y sumó a una persona adicional como testigo para el debate oral que se desarrollará próximamente.
Finalmente, el juez Gastón Martin resolvió elevar el legajo a la siguiente etapa procesal, con lo cual el caso quedó formalmente encaminado hacia el juicio ante el Tribunal Colegiado correspondiente.