La mujer acusó a su ex pareja tras haber padecido agresiones físicas y psicológicas, además de amenazas. El hombre no puede acercarse a ella, entre otras medidas de protección.
La Justicia dispuso una serie de medidas de protección para una mujer que denunció a su ex pareja por agresiones físicas y amenazas.
Lo contradictorio es que el acusado es un “conocido” abogado penalista que ha intervenido en juicios como querellante en casos de violencia de género y femicidios, destacó el sitio www.anroca.com.ar.
La presunta víctima realizó la presentación en la Comisaría de la Mujer de esa ciudad luego de un incidente ocurrió el martes 9 de julio de 2024 en el que aseguró que sufrió ataques tanto físicos como psicológicos, por lo que tiene miedo de sufrir nuevas agresiones.
De acuerdo a lo que detalló el medio roquense, la mujer “bajo un fuerte estado de shock nervioso”, relató que además de los maltratos, había recibido amenazas.
Ante lo manifestado, se radicó la denuncia en el marco de la Ley 3040 de violencia familiar, y las autoridades judiciales iniciaron las actuaciones pertinentes.
La Justicia dictó una medida cautelar que prohíbe el acercamiento del acusado a la víctima.
Fuentes judiciales confirmaron al mismo medio que ya existe un proceso en uno de los juzgados de Ciudad Judicial, y el agresor ya ha sido notificado de las medidas en su contra.
El conflicto reciente parece haberse exacerbado por un escrache anónimo en las redes sociales, que acusaba al abogado de ser violento y maltratador. Este escrache también mencionaba a otras presuntas víctimas del mismo hombre.
Según la información delicada a la que accedió anroca.com.ar, el profesional habría mantenido una actitud hostigadora hacia la mujer, comportándose de manera violenta y amenazadora.
La identidad de ambos se mantiene en reserva para preservar a la víctima.
Además de la orden de restricción de acercamiento, la jueza encargada del caso resolvió, el pasado miércoles 10 de julio, prohibir al abogado llevar a cabo cualquier acto molesto o perturbador y cualquier tipo de contacto mediante medios tecnológicos, como redes sociales, mensajes de texto o llamadas.
El incumplimiento de estas medidas podría hacer que la justicia considere la desobediencia judicial, abriendo la puerta a consecuencias más graves para el agresor.