El organismo nacional pidió información sobre la investigación del caso a la Fiscalia de Villa Regina y se ofrecen a brindar colaboración. La familia de la víctima sostiene que lo asesinaron.
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) pidió al Ministerio Público Fiscal rionegrino información y documentación de la investigación iniciada por la muerte de Ignacio Cerutti, ocurrida el 25 de enero del año pasado en la Comisaría 35 de Villa Regina.
El pedido lo formuló Alan Iud, secretario Ejecutivo del organismo, mediante una nota enviada a la fiscal Vanesa Cascallares, quien se encuentra al frente de la coordinación de la pesquisa, severamente cuestionada por la familia de la víctima -quien padecía esquizofrenia- desde donde se sospecha que se trató de un asesinato.
Destaca el escrito que, según la información recibida, el hombre de 35 años falleció “mientras se encontraba dentro de la celda a la que había ingresado ese mismo día luego de ser detenido en la vía pública”.
Precisaron que su cuerpo “tenía lesiones como consecuencia de agresiones físicas sufridas antes y durante su aprehensión y que estarían acreditadas en el informe de autopsia”.
El planteo subraya que el interés del Comité en esa causa radica en “el contexto en el que murió y en la especial posición de garante que asume el Estado respecto de las personas que se encuentran bajo su custodia”.
“Conforme a los estándares aplicables, el Estado asume obligaciones concretas como consecuencia de la relación de sujeción especial con las personas privadas de libertad, y la situación de vulnerabilidad de la población privada de libertad”, aclararon.
En este sentido, agregaron que “no sólo debe garantizar el ejercicio de sus derechos, sino que tiene tanto la responsabilidad de proveer información y explicaciones convincentes de lo que le suceda en ese ámbito, como la de desvirtuar las alegaciones sobre la responsabilidad estatal y de sus agentes, mediante elementos probatorios adecuados”.
Entre los fundamentos del requerimiento mencionan en los convenios y normativas nacionales e internacionales que sostienen la obligatoriedad de respetar las condiciones de detención de las personas.
En el documento enviado por el CNPT, piden saber las medidas adoptadas “respecto de las personas eventualmente imputadas o formalmente investigadas en la causa, incluyendo imputaciones formuladas, las medidas cautelares dispuestas, eventuales apartamientos o suspensiones preventivas de funciones, u otras medidas de aseguramiento adoptadas”.
En otro punto le piden a la Fiscal que informe si tiene conocimiento de “actuaciones administrativas o disciplinarias internas que hubieran sido iniciadas por la autoridad competente en relación con los agentes o funcionarios que intervinieron en la custodia, indicando el estado actual de dichas actuaciones”.
Agrega que detalle las “principales líneas de investigación que se encuentran actualmente en desarrollo”, así como las medidas probatorias que se encuentren pendientes de producción y “cualquier otra información que estime pertinente para el adecuado conocimiento del estado de la investigación”.
Por último, solicitan acusar el recibo del pedido de informes y remitir la información con copia a los correos oficiales del Comité, con el objetivo de “posibilitar el adecuado monitoreo de la investigación en curso y la eventual colaboración técnica que este Comité se encuentra en condiciones de brindar”.
La muerte de Ignacio se produjo en dudosas circunstancias la tarde del sábado 25 de enero del año pasado, luego de que fuera detenido por un supuesto robo cometido en el Pulmón Ecológico, una plaza cercana a la Comisaría 35.
La policía informó luego que previo al arresto se había producido un violento forcejeo y que al llegar a la unidad no lo metieron a los calabozos porque se encontraba en estado de exaltación, por lo que lo dejaron con custodia en la denominada “zona del cuartel”. Allí el joven se desvaneció, por lo que solicitaron “de forma inmediata” una ambulancia.
Pero al llegar el personal de salud pública, un médico constató que el demorado se hallaba sin signos vitales.
Para la familia hubo responsabilidad entre los uniformados y se quejaron por la lentitud de la investigación.
El último 25 de enero, al cumplirse un año del hecho, realizaron una marcha en reclamo por su esclarecimiento y resaltaron que la muerte se produjo por “traumatismos craneales y escoriaciones”, según el informe de la autopsia al que accedieron.
Su tía, Marianela Velázquez, le expresó en aquel momento a LM Cipolletti que estaban indignados porque además de no recibir novedades de la fiscalía, los policías de quien sospechan seguían cumpliendo funciones y portando armas, y hasta habrían recibido ascensos.