La mujer declaró que "no lo soporta más". La Justicia de Paz lo excluyó del hogar y le ordenó la prohibición de acercamiento.
Una vecina de Balsa Las Perlas denunció en la Subcomisaría 82 al hombre con quien vivía en pareja por violencia de género.
La presentación la hizo el jueves de la semana pasada y en su declaración relató que padeció “humillación constante, desvalorización, insultos, agresiones verbales permanentes”, por lo que “llegó al límite” y que “ya no quiere soportarlo más”.
Sostuvo que frente a los malos tratos le pidió la separación y que se retirara de la vivienda, dado que es de su propiedad, de acuerdo a lo que aseveró.
Según afirmó, se encuentra “en evidente estado de vulnerabilidad” frente al sujeto, identificado con las siglas OAG, dado su género y edad, y que pertenece “a dos grupos especialmente protegidos por los Tratados de derechos Humanos enumerados en nuestra Constitución Nacional con rango constitucional”.
La causa, encuadrada en lo que establece la Ley 3040 y el Código de Familia, tuvo continuidad en el Juzgado de Paz del poblado cipoleño, donde resolvieron dictar medidas para resguardar a la víctima por un lapso de 90 días.
Para empezar, se resolvió la exclusión del hogar de OAG, a quien solo lo habilitaron retirar sus pertenencias personas, como ropa y documentos, pero acompañado por efectivos policiales.
Además, le impusieron la prohibición de acercamiento a menos de 500 metros del domicilio de la mujer, mientras que también deberá mantener una “distancia prudencial” en los lugares donde se encuentre o transite, ya sean públicos o privados.
Asimismo, le advirtieron que tiene prohibido agredirla, hostigarla o molestarla mediante llamados telefónicos, mensajes de texto por otras vías de comunicación, incluidas las redes sociales.
Le aclararon que las reglas son de cumplimiento obligatorio, y que de observarse alguna irregularidad podrá ser sancionado con pena de arresto, multa económica o trabajo comunitario, tal como lo establece la Ley 3040. Aunque también le darán intervención al Ministerio Público Fiscal por desobedecer una disposición judicial y al Juzgado de Familia.
En tanto, ambas partes tendrán que presentarse a entrevista para evaluar si requieren iniciar tratamientos psicológicos. Se les indicó que pueden acudir al área de salud mental del hospital más cercano a su domicilio. Allí deberán acordar la modalidad del tratamiento, si así se lo indicaran. En ese caso deberán acreditar la terapia que deberán seguir.
El Juzgado de Paz también dispuso la intervención de la fuerza pública en caso de que el hombre incumpla lo ordenado. En caso de urgencia deberán pedir auxilio a la Subcomisaría local.
Por otra parte se les informó a los dos que para la continuidad del trámite deberán contar con el asesoramiento de un abogado, y que en caso de no disponer de recursos suficientes, podrán requerir de asistencia legal gratuita en el Centro de Atención a la Defensa Pública (CADEP), ubicado en la esquina de las calles Roca y Sarmiento de Cipolletti.
En esa instancia tendrán que plantear un régimen de comunicación y alimentos que se manifestó en el expediente.