Las obras que se ejecuten con fondos del Plan Castello tendrán que otorgar prioridad de contratación a empresas radicadas en la provincia, tanto para ejecutar los proyectos como para la adquisición de bienes y servicios.
La Legislatura aprobó ayer la ley para complementar el plan de desarrollo a través de financiamiento externo.
Las empresas tendrán preferencia en su oferta cuando, para idénticas o similares prestaciones y productos, su precio sea igual o inferior al de las obras, bienes y servicios ofrecidos por oferentes no considerados provinciales, incrementados en hasta un cinco por ciento.
Si aplicando este rango de preferencia ninguna persona física o jurídica local resultare favorecida, deberá otorgarse, por única vez, la posibilidad de mejorar su oferta a la mejor oferta local cuyo precio no supere el 15% respecto a la mejor cotización del resto de los oferentes. Recién tras ese segundo intento se podrán adjudicar contratos a foráneos.