Los legisladores del Frente para la Victoria sostuvieron que la provincia de Río Negro presenta un contexto social donde el déficit habitacional resulta acuciante y a ello se suma la creciente violencia de género.
"La violencia contra las mujeres es un hecho reconocido como un problema social. Los actos de violencia se producen en la familia, en la comunidad y en el Estado. Estos actos presentan numerosas facetas, desde la discriminación y el menosprecio hasta la agresión física o psicológica y el asesinato", explican en el proyecto.
Las mujeres en situación de violencia ven sus vínculos sociales restringidos por el maltratador, que lo primero que busca impedir es el trabajo fuera de la casa. El segundo obstáculo es la vivienda. Al no poseer trabajo, la mujer no puede irse de la casa por no contar con los recursos económicos necesarios.
Por ello, Mango y Pita quieren que el IPPV destine el cupo hoy reservado a familias de bajos recursos o discapacitados a las víctimas de violencia.