El propietario de las tierras en que está asentado el Barrio Obrero A, Carlos Romero, está preparando una iniciativa legal para que la Justicia efectivice el desalojo de los ocupantes, ya que no se ha podido concretar la conciliación entre las partes involucradas que debían impulsar los gobiernos nacional, provincial y municipal.
La toma está judicializada desde sus orígenes en 2009, con lo que ya son 7 años en situación de indefinición. El juez a cargo de la causa, Alejandro Cabral y Vedia, dispuso en 2010 el abandono del lugar, pero desde entonces la apelación de los pobladores consiguió paralizar la drástica medida.
"A esta altura, está claro que sólo nuestra familia ha querido encontrar una solución a través del diálogo. En el Estado no hay interés y los ocupas no quieren pagar”.Carlos Romero. Propietario de las tierras
Ayer, Romero manifestó que están terminadas todas las expectativas que existían para una solución dialogada y, por tal motivo, está elaborando una solicitud al magistrado para que se concrete el desahucio.
Indicó que han pasado dos años desde que Cabral y Vedia les pidió a Nación, Provincia y Municipio que designen sus representantes para la comisión que debía evaluar la posibilidad de una alternativa consensuada para el problema. En ese tiempo, solamente la comuna cumplió con el planteo.
Para el propietario, “el desinterés” por hallar una respuesta “es evidente” y no se puede aguardar más tiempo. Expresó que incluso en la gestión municipal, más allá de haber respondido al requerimiento del juez, observa que no hay voluntad de encontrar una salida a través de conversaciones, habida cuenta de que el intendente Aníbal Tortoriello sigue sin convocarlo para una audiencia, pese a los compromisos de convocarlo que en dos ocasiones ha asumido.
Sostuvo que los ocupantes han demostrado no querer pagar por las tierras pese a las ofertas que recibieron.
El propietario, además, rechazó que no tenga respaldo legal para su condición de poseedor, respecto de lo cual mencionó las numerosas instancias que ha pasado la causa sin que esto haya sido puesto en duda, y dijo que los demás familiares dueños lo apoyan desde el principio.
Un precio que no tuvo el eco debido
Sin interés de los ocupas
El último valor que puso el propietario por cada lote de la toma era de 40.000 pesos. En lugar de ser un monto atractivo para los ocupantes, fue rechazado. “Sin embargo, la familia Apablaza, dueña de las tierras del Barrio Obrero B, pidió 70.000 pesos y allí sí Lilia Calderón sigue conversando”, afirmó Carlos Romero.
Reclamarán a los ediles
Los ocupantes irán a la próxima sesión del Deliberante a exigir la expropiación de las tierras.