Un oficial de justicia y un martillero público se hicieron presentes el lunes en el asentamiento 2 de Agosto para exigir la identificación personal de los vecinos y conocer los derechos que invocan para estar viviendo en tierras cuya propiedad reclama, a través de una acción legal, Alberto Aroldo Lizarriaga.
La visita judicial generó preocupación y malestar entre los pobladores, que decidieron no aportar ninguna información a los enviados, además de señalarles que cualquier referencia de los habitantes la pueden buscar y encontrar en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), en el que están inscriptos.
También dejaron asentado que ya cuentan con el certificado de vivienda que expide la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
La causa abierta por Lizarriaga la está llevando adelante el Juzgado Nº1 en lo Civil, Comercial y Minería y está dirigida hacia la recuperación de una superficie aproximada de 26 hectáreas, que involucran a todo el barrio 2 Agosto, el asentamiento Bella Vista y una parte de Costa Norte.
Por lo que se conoció este miércoles, los vecinos se mostraron "indignados", en particular, por el hecho de que en el escrito del acto de constatación judicial figuraba un párrafo a través del cual se facultaba al oficial de justicia a hacer uso de la fuerza y allanar domicilios en caso de ser necesario para cumplir su labor.
Lo ocurrido en la barriada fue evaluado y debatido en la tarde del miércoles en una reunión del Foro por la Tierra y la Vivienda, cuyos integrantes se solidarizaron con los pobladores, a quienes darán su respaldo ante la ofensiva judicial en marcha.
Ocurre que la toma 2 de Agosto, con veinte años de existencia, es la más antigua de las registradas en las últimas décadas en la ciudad y sus habitantes consideran que la iniciativa legal que los involucra ya no tiene posibilidad de materializarse. Sin contar con que hay vecinos que afirman haber pagado ya hace tiempo por la propiedad de los lotes en los que tienen sus viviendas.