El reclamo de Energía surgió después de detectar 1801,25 unidades de trabajo certificadas como incumplidas, las que equivalen a 9.006.250 dólares, a razón de u$s 5000 cada una.
El área había sido adjudicada en el marco de una licitación pública internacional lanzada en el 2007. Tras un desempeño irregular y una serie de suspensiones en el cumplimiento de sus obligaciones, la empresa obtuvo a finales de 2011 una extensión de su permiso exploratorio hasta el 2015.
Caldiero aseguró que "el contrato es claro al plasmar que si no se hicieron las inversiones, se le debe pagar a la Provincia su equivalente en dinero en un plazo de 30 días. Y hasta el momento, nunca esta UTE mostró voluntad de pago; ni mucho menos de cumplir fielmente los compromisos de inversión asumidos".
Mientras que informó que se trata de un trámite que vienen siguiendo "ni bien operó el vencimiento de esta extensión que el gobierno anterior le dio a esta compañía a finales de su gestión".
