Datos oficiales revelan dónde se concentran los $ 27.000 millones ahorrados desde que se implementa el sistema de auditorías.
Desde la puesta en marcha de las auditorías médicas en septiembre de 2024, el gobierno rionegrino se ha ahorrado más de 27 millones de pesos. También se logró conocer en qué sectores se estaban dando las principales distorsiones, para aplicar medidas rápidas que redujeran el impacto económico de las faltas.
Según los datos oficiales que obtuvo el medio Literal, el volumen principal de ahorro se dio en la órbita de Educación, con más de $12.300 millones que no se erogaron desde que se puso en marcha el sistema de auditorías.
Los docentes con más de 25.000 agentes, representan la porción más grande dentro de todos los empleados públicos rionegrinos y por eso el gasto en licencias que generan supera a otras reparticiones.
Sin embargo, el dato más relevante con respecto al impacto económico de las licencias surge del cruce entre el gasto final y la cantidad de personal de un organismo. Y luego de esa mirada, las conclusiones más preocupantes aparecen en Salud, concretamente en el sector de profesionales.
El informe de la Secretaría de la Función Pública indica que las licencias injustificadas tienen un costo promedio por agente que alcanza los $85.000 diarios, pero que esta cifra asciende a $120.000 en el caso de los profesionales de la Salud.
Es desde esta revelación que se comprende por qué el Gobierno de Alberto Weretilneck puso tanto énfasis durante los últimos meses en el control de la asistencia de quienes trabajan en hospitales y centros de atención primaria de los barrios, incorporando tecnología precisa para el seguimiento en tiempo real de médicos, profesionales o agentes que estén en funciones.
Esta decisión, resistida y cuestionada desde sectores gremiales, se materializó con la compra y reciente colocación de dispositivos electrónicos en diferentes centros de salud pública.
Función Pública también resaltó que la implementación del sistema permitió, por primera vez, sistematizar la información sanitaria de la planta estatal. “Este paso es clave no solo para el control, sino para detectar si existen patologías recurrentes asociadas a tareas o áreas de desempeño específicas”, se indicó.
Según el relevamiento anual de diagnósticos, las principales causas de licencias fueron las afecciones respiratorias (faringitis aguda y gripe) y la gastroenteritis viral. También se destacaron las lumbalgias que, si bien registraron menor cantidad de pedidos que los cuadros virales, demandaron una mayor cantidad de días de reposo.
Desde el Ejecutivo se informó que el costo promedio de las licencias injustificadas ascendió a $119.000 en el personal de la Policía y a $116.000 en los agentes del Servicio Penitenciario.
El ámbito de Seguridad también tuvo una mirada celosa de parte del Gobierno, que meses atrás presentó una denuncia penal contra profesionales de la salud del Alto Valle por la entrega indiscriminada de certificados médicos para justificar faltas de empleados, en su mayoría policías y penitenciarios.
Sobre ese escenario particular, desde Función Pública detallaron que meses antes del inicio del nuevo sistema de auditorías “se detectaron circuitos de certificados apócrifos y profesionales que otorgaban licencias de manera indiscriminada, llegando a registrarse casos de hasta 2.000 días prescritos por un solo médico”.
“Esta situación derivó en la apertura de sumarios administrativos y una denuncia penal. Actualmente, la investigación judicial se encuentra en la etapa de imputación de cargos, conformando una causa penal en la que más de 100 personas irán a juicio”, completa el informe oficial.
Volviendo a los datos globales, el volumen total de ahorro, superior a los $27.000 millones, se explica principalmente en las áreas con mayor cantidad de personal del Estado, donde los esquemas de suplencias generan un impacto económico directo.
De esa manera, los organismos con mayor ahorro generado entre septiembre de 2024 y junio de 2026 son los siguientes: