La ley fue aprobada por unanimidad y contempla como casos de violencia de género "a toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte la vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial de la mujer, como así también su seguridad personal, quedando comprendidas en la presente definición las perpetradas desde el Estado o por sus agentes".
Para acceder a la licencia, las empleadas deberán entregar en un plazo no mayor a 48 horas la copia de la denuncia presentada ante la Policía o la Justicia.
Entre los fundamentos de la nueva ley, se planteó que los funcionarios a cargo de las víctimas deberán mantener la confidencialidad sobre la denuncia, para resguardar su intimidad.
