Los presos rionegrinos y sus familiares aseguran que las principales cárceles de la provincia están desboradas y que el hacinamiento es el primer paso hacia la violencia que se instaló en los penales en los últimos meses. Para el gobierno provincial, en tanto, la situación está controlada. Ante criterios tan dispares, primero la Justicia y ahora el Poder Legislativo intervinieron en la situación.
Los legisladores Ignacio Casamiquela y Alejandro Ramos Mejía presentaron un pedido de informes al Ministerio de Seguridad para que determine cuántos presos hay con condena firme y con prisión preventiva, cuántas celdas están habitadas y qué cantidad de presos duerme en ellas.
Además, los legisladores reclamaron información oficial sobre la cantidad de plazas de las cárceles de Cipolletti, Bariloche, Roca y Viedma. Y del personal permanente que tiene cada establecimiento.
El pedido de informes se presentó luego de la ola de violencia que se desató en el Penal 5 de Cipolletti, que terminó con dos asesinatos con pocos días de diferencia. Además, hubo huelgas de hambre de reclusos de Bariloche y Roca que denunciaron hacinamiento en sus pabellones.
A raíz de la situación, integrantes del Superior Tribunal de Justicia inspeccionaron las condiciones de detención de condenados y presos con prisión preventiva. Aún no se presentó el informe oficial.
"Las cárceles son centros de no tratamiento de personas, de generación de violencia. Y eso quedó plasmado en las dos muertes que hubo en el penal cipoleño", indicó Néstor Giménez, integrante de una organización de cooperativistas de ex detenidos, quien exigió medidas a la Justicia para normalizar la situación del penal cipoleño.
En el ministerio de Seguridad, en tanto, afirmaron que no existe una situación crítica y negaron que haya violencia por superpoblación de las cárceles. Según el análisis del gobierno, la violencia interna obedece a "conflictos extra muros".