Una pelea entre vecinos que fue llevada a la Justicia terminó con el único imputado en el caso absuelto (había sido acusado por amenazas), y un pedido de la Defensa Pública Penal de Cipolletti de llevar su conflicto a otros fueros.
Según explicaron desde el Ministerio Público Fiscal, el caso tiene su inicio en el abril del 2021 en Cipolletti, en un complejo de departamentos tipo monoblocks, en el que vivían las dos familias en cuestión.
Allí, el drama se desató por el uso de una de las dos parrillas del lugar que no se encontraban cercadas. Esta falta de cerramiento provocaba que se realizaran reuniones de personas, las cuales molestaban a la parte denunciante. Justamente, en medio de estos encuentros fue que se dieron las amenazas denunciadas.
Generalmente, se define a las amenazas como el “anuncio de un mal inminente e injusto” y que debe provocar temor en el destinatario de las misma. Pero para poder alcanzar el estándar de una condena, el imputado debe actuar con dolo, es decir con la intención de generar ese temor en la víctima, afectando su libertad para actuar pensando en la posibilidad de que esas palabras puedan ser llevadas a los hechos.
Fue así que la defensa sostuvo que la prueba presentada por la acusación fue insuficiente para corroborar los dichos de la denunciante y que no era esa la intención de su representado, sino que todo se debía a discusiones por la mala relación entre vecinos y esa tesis fue aceptada por el magistrado a cargo del debate. En consecuencia, se dictó la absolución del imputado recanalizando el caso a otros fueros dentro del sistema de justicia.
En términos técnicos, suele escucharse que el derecho penal es la “última ratio” de todo el sistema de derecho y por ende de la administración de justicia. Esa fue la base que utilizó un defensor público para centrar en su teoría del caso.
En ese contexto, se refería concretamente a que siempre que el conflicto pueda abordarse desde otros fueros, debe propenderse a que se solucione allí, evitando la persecución penal innecesaria y utilizar condenas penales en casos que pudieran dar respuestas menos lesivas para las personas. Estas podrían incluir por ejemplo sanciones económicas o de prestar servicios sociales a través del cumplimiento de horas de trabajo ad honorem, entre otras posibilidades.
Es importante aclarar, que el caso también había sido planteado ante el juzgado de paz y el fuero civil de esta ciudad y las partes están a la espera de una resolución a un recurso presentado. En ese recurso, se logró acreditar que existe un reglamento interno del consorcio de vecinos y que el mismo contempla que en caso de violar las pautas allí mencionadas, el ocupando no propietario – o inquilino como era el imputado – podría ser desalojado.