A su vez, el dirigente rionegrino exigió "su inmediata liberación" y advirtió que "este encarcelamiento es ilegal y se debe investigar a los funcionarios de los distintos poderes que lo ordenaron. Además, se trata de un avance de magnitud en la judicialización de la protesta".
También criticaron desde la CTA la imputación como delito del acampe realizado por diferentes organizaciones sociales en la capital de Jujuy.
Para el nucleamiento sindical, resulta evidente que lo que se está haciendo en la provincia norteña "es una persecución política y judicial a la dirigente, responde a la necesidad de acallar las protestas que había iniciado hace días para lograr que se garanticen todos los planes sociales que permitan dar contención a las familias más vulnerables".
En ese marco, solicitaron la inmediata derogación de la Ley Antiterrorista votada por el Congreso de la Nación durante la anterior gestión, entendiendo que se trata de una norma inconstitucional que puede ser utilizada por el actual gobierno para apresar a quienes pretendan resistir políticas de ajuste.