Un estudiante cipoleño, hijo de reconocido comerciante, lanzó una convocatoria virtual para ser escuchado por las autoridades del Municipio cipoleño, y también por el Estado provincial. A través de una petición que recibe firmas, solicita que se declare la emergencia en seguridad pública.
Se trata de Joaquín Miguel, estudiante de abogacía e hijo de un kiosquero histórico de la ciudad que semanas atrás también presentó en el Concejo Deliberante un proyecto para prohibir que personas con condenas puedan acceder a cargos públicos.
Según explica en la petición que publicó en el portal Change.org en el que dice estar harto de la inseguridad en Cipolletti, y la gota que rebasó el vaso fue el brutal asesinato de la estudiante de Medicina, Agustina Fernández.
"Hoy nos encontramos con un sentimiento de bronca, angustia y odio. Esta problemática no tiene un responsable, porque no empezó hace dos días, viene en aumento constantemente. Pero lo que sí decimos es basta; basta de esta inseguridad interminable, que cuando salís a comprar, pasear o estudiar no sabes si vas a volver, si te van a robar o secuestrar. Mas allá de la cuestión judicial que evidentemente no se encuentra con agilidad y eficacia, queremos que las autoridades se involucren y que también digan basta, porque el silencio lo único que hace es ser cómplice", escribió Joaquín.
Agregó que esto es una cuestión humanitaria, es una cuestión de empatía, porque la indiferencia también mata.
"Exigimos un Estado presente. Exigimos que las instituciones y mecanismos de protección funcionen. No se necesitan decretos o comunicados de prensa, se necesitan acciones, y lo más rápido posible", solicitó.
En el reclamo exponen que desde la sociedad civil piden al intendente Claudio Di Tella y al Concejo Deliberante de la ciudad de Cipolletti como un acto de responsabilidad, que declaren la emergencia en seguridad pública.
"Donde se lleve a cabo un trabajo interdisciplinario, para rever los planes de seguridad de nuestra ciudad, reubicación de luminarias en todos los ámbitos educativos y de recreación, reubicación de las paradas de colectivos (que lleguen a la puerta de las universidades y escuelas), y que las mismas cuenten con luminaria efectiva. Pedimos la atención exclusiva en la prevención y educación a través de cursos sobre violencia familiar y de género. Asimismo, que se llame a todas las organizaciones sociales, centros de estudiantes, también a los centros de atención a las víctimas, a la comisaria de la familia, y demás organismos que se encuentran especializados en el tema, para ver por qué siguen sucediendo estas situaciones de inseguridad y qué se necesita para que el sistema sea rápido, efectivo y duradero", remarca la petición.
"Además, pedimos que se inicie una investigación sobre por qué la cámara de seguridad de calle Venezuela y Perón (Circunvalación) no funcionaba al momento del crimen de Agustina y por qué el resto de las cámaras en los distintos puntos de la ciudad tampoco se encuentran en funcionamiento", explicaron.
Como antecedente ponen en consideración lo ocurrido en la ciudad de Casilda, provincia de Santa Fe, cuando en junio pasado se declaró la emergencia en materia de inseguridad.
Esto prevé que se pueda realizar contrataciones sin llamado a licitación de bienes y/o servicios orientados a la prevención y control de comportamientos contravencionales, a mejorar las condiciones de seguridad en los distintos barrios y adecuar partidas presupuestarias a la mejora de la iluminación pública, escamonda, poda y despeje de luminarias, instalación de cámaras e instrumental para video vigilancia, intervenciones para mejoras urbanas, programas sociales de prevención del delito y de adicciones.
La petición subida a la página change.org se puede firmar en pocos pasos en este link.