Los empleados municipales que se encadenaron en la sede de Recaudaciones tras ser despedidos pasaron del conflicto laboral al judicial, ya que la Muni los denunció y ahora deberán defenderse de una causa penal.
A pesar del desalojo voluntario del edificio, destacado por fuentes judiciales, la denuncia no se retiró y la protesta podría generarle un dolor de cabeza a los cuatro ex municipales.
En el gremio Sitramuci hay bronca por la decisión de denunciar a los trabajadores y consideraron que no hubo delito en la medida de fuerza.
A raíz de la denuncia penal por coacción agravada que se tramita en la Fiscalía, el dirigente Omar Meza aseguró que se trató de un acto sindical que no acarrea ningún tipo de delito. Se trató de un “legítimo reclamo” que no encontraba respuestas por parte del Ejecutivo municipal, manifestó el dirigente. Advirtió que la medida de fuerza no implicó bloqueos ni paralizó el funcionamiento del Municipio mientras los trabajadores estuvieron encadenados a los bancos del edificio y se fueron por la noche sin provocar daño alguno. “No hubo nada raro”, añadió Meza.
En ese contexto, el titular del Sitramuci expresó: “La Justicia no debería tener mucha injerencia en un problema laboral”.
Desde la Justicia confirmaron el inicio de acciones legales a instancias del municipio. El fiscal Martín Pezetta acusó a los ocupantes del delito de coacción agravada y solicitó su detención. Según el responsable del Ministerio Público, la acción delictiva fue intentar “obligar ilegítimamente al Poder Ejecutivo Municipal a que reincorpore a los trabajadores despedidos, encadenándose en el sector de atención al público, impidiendo la circulación y obstruyendo los servicios municipales”.
Los empleados despedidos que se encadenaron en Rentas fueron denunciados por coacción y tienen un pedido de detención en su contra.
“Se trató de un reclamo legítimo en el que no hubo nada raro. La Justicia no debería tener mucha injerencia en un problema laboral”. Omar Meza. Secretario general del gremio Sitramuci