El STJ manda a juzgados de origen reclamos de presos de Roca

El Superior Tribunal de Justicia –STJ- rechazó por improcedente una acción de habeas corpus “colectivo correctivo” que formalizaron “algunos” internos del pabellón 3 del Establecimiento Penal Nº 2 de General Roca, quienes pretendían una serie de medidas para flexibilizar las condiciones de detención frente a los riesgos sanitarios que impone la pandemia de coronavirus.

No obstante, ordenó enviar el reclamo a los Juzgados de Ejecución Penal Nº 8 de Cipolletti y N° 10 de Roca, a la Oficina Judicial de esa ciudad a cuyo cargo están los reclusos, para que traten el tema por la vía que corresponda, con la intervención de los defensores de cada uno de ellos.

El Tribunal también dispuso trasladar la queja al Comité Especial para el abordaje del COVID y las personas privadas de la libertad, en el que participan representantes de los tres poderes provinciales, organizaciones y familiares.

La resolución judicial cuenta con el dictamen del procurador General subrogante, Fabricio Brogna López, quien resaltó la competencia de los Juzgados a cuya disposición se encuentran los presos, y recordó que "los Magistrados de esta Provincia, a cuya disposición se encuentran las personas privadas de libertad, por condena o cautelarmente, deben velar por la operatividad de las normas constitucionales en la ejecución de la restricción a la libertad de esos internos, en el marco de sus respectivas competencias…”.

Entre los fundamentos del pedido, los reclusos destacaron que se encuentran en riesgo a raíz de la segunda ola de Covid, y que en caso de detectarse un infectado “daría lugar a la rápida propagación dentro del establecimiento”.

Advirtieron que “podría generarse una de las peores crisis sanitarias y humanitarias en la historia de las cárceles, debido al excesivo hacinamiento en que se encuentran, generado ´por la dilatación de las decisiones de los Jueces y la mala intención de los informes técnicos criminológicos´".

Puntos del reclamo

En la presentación, los reclusos reclaman que se “activen mecanismos” para la aplicación de arrestos domiciliarios, y que se revea el encuadre legal del régimen de detenciones, con proyectos que aborden la –afirman-, “emergencia sanitaria” que atraviesa el Servicio Penitenciario Provincial, que adjudican a la "sobrepoblación carcelaria, que transforma la pena en castigo”.

También piden que se ponga en análisis “la forma en que se elaboran los estudios criminológicos”.

En lo inmediato, exigen que se concrete la mesa de diálogo prevista para el 23 de abril, uno de los puntos que observó el STJ, y que les permitan el uso de celulares, pues puede contribuir a "bajar la ansiedad por parte de la población", “regulándose su uso tal como ocurre en otras unidades”. En este caso lo deberán resolver los juzgados correspondientes.