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El Juzgado de Paz local tomó intervención en la denuncia por presunta violencia de género formulada por la dirigente del rubro de los taxis Liliana Villegas contra el secretario de Fiscalización de la comuna, Cristian Blanco. El caso está en la etapa de estudio, ratificaciones y descargos y de presentación de pruebas por las partes.
La semana pasada, Villegas concurrió al despacho de la jueza María Gabriela Lapuente con la documentación que avala el funcionamiento y la labor de la Asociación de Propietarios de Taxis de Cipolletti y las notas que ha cursado recientemente al Municipio con planteos de su institución.
Tras su comparecencia, quedó en suministrar más material documental, entre ellos, algunos relativos a las normativas que rigen en la comuna para el sector.
En el encuentro, conoció que desde el Municipio se había presentado el descargo correspondiente, en el que se rechaza la acusación que ella formulara.
Se recordará que la dirigente denunció a Blanco por violencia de género porque no le habría permitido el ingreso a la reunión en la que se definió la nueva tarifa de los taxis, que rige desde el 1 de mayo.
En el descargo municipal, se sostendría que el acceso al encuentro no estaba vedado para nadie y que si no se dejó entrar a Villegas fue nada más porque llegó tarde. También se puntualizaría que la comuna le contestó a la denunciante, cuando correspondía, su último requerimiento por el rubro y que se la había citado para el 6 de mayo.
Villegas ratificó ante la jueza Lapuente sus planteos por lo que sería un caso de “violencia de género institucional” y le manifestó su decisión de presentar material probatorio sobre palabras subidas de tono y altisonantes que habría pronunciado Blanco contra su persona, de lo que habría testigos.
Indicó que la funcionaria judicial le dijo que tiene competencia para actuar en el caso y seguirá adelante con las actuaciones.
La denunciante rechazó los argumentos municipales, por ejemplo, que le hayan enviado una nota en tiempo y forma para convocarla a una audiencia el 6 de mayo. De eso, dijo no haber recibido nada y, además, la fecha fijada es posterior a la suba tarifaria que se aplicó.
Según aseguró, “hay testigos de lo que ocurrió y de que no se me permitió el ingreso a una reunión en la que eran todos varones. Y de lo que vociferó el Secretario de Fiscalización en mi contra”.