La dirigencia de la Cámara de Industria y Comercio no comparte la posibilidad de que los almacenes y comercios de barrio sean incluidos en el plan de Precios Justos que el gobierno nacional quiere extender a estos sectores y que ya funciona para los supermercados y otros establecimientos de grandes superficies.
En la CIC, consideran que la propuesta nacional perjudicaría a los comerciantes ya que su realidad dista de ser comparable a la de los supermercadistas. Es más, podría hundirlos en mayores problemas que los que ya enfrentan en la actualidad.
Los referentes José Luis Bunter y Natalia Chemor dejaron en claro las diferencias que existen en relación con el programa y destacaron que la actual escalada inflacionario no se detendrá con medidas que ahogarían aún más a los propietarios de almacenes y comercios de barrios, que hoy luchan por sobrevivir en un contexto adverso para el sector privado.
Bunter expresó que los comerciantes "no tienen la logística ni la capacidad económica y financiera" para enfrentar el aumento de los costos que tiene su actividad ni el de mercadería que adquieren, por lo que hacerles aceptar un control de precios y eventualmente sancionarlos por no poder cumplirlos no haría más que complicar las numerosas dificultades que atraviesa la actividad mercantil.
"Sería descortés, para decirlo de una manera no confrontativa, que el gobierno intente obligar a los comerciantes para una propuesta de este tipo", indicó.
Además, expresó que ya se está observando "un desabastecimiento" de ciertos productos esenciales, con lo que mal se podrían enfrentar los requerimientos y obligaciones de una iniciativa como la de Precios Justos cuando ni siquiera está garantizada la provisión de las mercaderías.
Chemor, en tanto, fue categórica al afirmar que espera que no se aplique el programa nacional entre los almaceneros y pequeños comerciantes puesto que se trata de una iniciativa que solamente busca "disfrazar el problema de la inflación y los errores" del gobierno en materia económica.
Manifestó que la propuesta no representa "ninguna solución" para la escalada inflacionaria, la que tiene, en su opinión, "problemas estructurales" que el gobierno no ha sabido enfrentar. "Es un mamarracho creer que con un acuerdo de precios se puede solucionar el tema de la inflación", enfatizó.
Además, se expresó en contra de la "coacción" y de "las obligaciones" que se introducirían en la actividad privada y que se unirían a otros factores adversos que surgen del Estado, como la amplia presión tributaria que soporta el empresariado argentino en general.
Indicó que los comerciantes y almaceneros no poseen ni la capacidad financiera para enfrentar condicionamientos artificiales en materia de precios y tampoco cuentan con poder para discutir y cambiar lo que viene de los proveedores, con su papel gravitante en materia de valores de las mercaderías y de abastecimiento.