La mujer y sus hijas viven allí desde 2004. La iglesia reclamó la propiedad, pero no pudo acreditar que fuera dueña del inmueble.
Una mujer y sus hijas podrán continuar viviendo en la casa del barrio Pichi Nahuel de Cipolletti donde residen desde hace más de 20 años, luego de que la Justicia rechazara el pedido de una iglesia que pretendía desalojarlas y recuperar el inmueble.
El reclamo llegó a los tribunales, pero la organización religiosa no pudo demostrar que fuera la propietaria de la vivienda. La resolución permitió además que la familia avance con la regularización legal del inmueble.
El conflicto comenzó cuando la entidad religiosa sostuvo que era la legítima propietaria de la vivienda y afirmó que se la había cedido a la mujer mediante un supuesto préstamo verbal.
Sin embargo, el defensor público Matías Vidovic logró demostrar que la iglesia no contaba con documentación suficiente para acreditar la titularidad del inmueble.
La familia, en cambio, pudo acreditar que ocupaba la vivienda desde 2004, que había realizado mejoras y que durante todos esos años había afrontado el pago de impuestos.
El juez Civil N° 9 de Cipolletti, Mauro Marinucci, rechazó la demanda de desalojo después de analizar la documentación presentada.
La entidad religiosa no aportó una escritura pública ni un título definitivo que acreditara su condición de propietaria. Solo presentó certificaciones notariales incompletas correspondientes a las décadas de 1970 y 1980.
Además, informes municipales determinaron que el terreno figuraba inscripto a nombre de terceros y tampoco se encontraron pruebas que respaldaran el supuesto acuerdo de préstamo mencionado por la iglesia.
Para la Defensa Pública, esos elementos fueron determinantes para cuestionar la legitimación de la organización religiosa para exigir la restitución de la vivienda.
Tras el fallo favorable, la mujer inició el proceso de regularización dominial mediante la Ley Nacional 24.374, conocida como Ley Pierri, y la Ley Provincial 3396.
La normativa permite regularizar determinadas situaciones de ocupación de viviendas cuando se cumplen los requisitos establecidos.
Pero el conflicto no terminó allí. La iglesia intentó judicialmente dejar sin efecto la escritura que la mujer había obtenido durante el proceso de regularización.
El planteo de la organización religiosa llegó a la Cámara de Apelaciones de Cipolletti, que finalmente desestimó el reclamo y dejó firme la titularidad del inmueble.
El tribunal consideró que la iglesia no logró demostrar que fuera propietaria de la vivienda y destacó además que tampoco había presentado oposición durante el procedimiento administrativo dentro de los plazos previstos por la ley.
De esta manera, quedó firme la situación favorable a la familia y se garantizaron las condiciones para que la mujer pueda consolidar legalmente la propiedad de la casa donde vive junto a sus hijas desde hace más de dos décadas.
La Justicia también impuso a la entidad religiosa el pago de las costas de ambas instancias.
El Centro de Acceso a la Defensa Pública (Cadep) funciona en el primer piso de Roca y Sarmiento, en Cipolletti.
La atención presencial es de lunes a viernes, de 7:30 a 13:30. También se puede realizar consultas por WhatsApp al 2996 31-1684.