Los trabajadores fueron suspendidos hace un mes, pero el Municipio aún no cerró los sumarios. Fueron filmados con cables, presuntamente robados, en un camión municipal.
El Ejecutivo municipal prolongó por otros 30 días la suspensión de los tres empleados que, el pasado 31 de mayo, fueron filmados mientras participaban, en un vehículo oficial, del presunto ilícito de robo de cables. El sumario interno será clave para determinar si son despedidos.
El primer período de suspensión concluyó la semana pasada y las autoridades decidieron prorrogar la medida por otro mes más, en tanto se concluye la tramitación del expediente sumarial en la Junta de Disciplina. Si esta instancia resuelve sancionar a los involucrados por considerar probados los hechos, se deberá remitir lo actuado a una Fiscalía para que sea la Justicia la que determine el destino penal de los trabajadores.
Además, ya se ha adelantado que, si se define el sumario en forma desfavorable para los empleados, automáticamente quedarán despedidos y desvinculados totalmente del Municipio.
La calificada hasta ahora como actividad delictiva quedó grabada en la cámara de seguridad de un vecino de la chacarita donde se efectuó la descarga del material comprometedor. Luego, las imágenes fueron puestas a disposición del Consejo de Seguridad y el intendente Rodrigo Buteler ordenó el inmediato inicio de un sumario administrativo y de las suspensiones correspondientes para avanzar en la investigación y delimitar responsabilidades.
Siendo así la situación, se conoció durante el fin de semana que entre los gremios municipales empieza a cundir cierta inquietud por la indefinición del asunto, puesto que los tres implicados tienen familia y, en tanto perdure la suspensión, los grupos familiares se mantendrán sin ingresos para su supervivencia y en total incertidumbre sobre su futuro.
Además, los gremialistas, conocedores de la cotidianeidad del Municipio por ser ellos mismos empleados del Estado comunal, tendrían presente algún atenuante que podría cambiar, al menos parcialmente, el cómo se aprecian los hechos. Señalan, al respecto, que sería una práctica bastante corriente que los trabajadores que se encargan de sacar materiales de desecho de las calles, como los sospechados, se quedarían con cosas consideradas como basura pero que eventualmente se podrían reciclar o darles algún uso.
Son conocidos los bajos salarios que, hace ya unas cuantas décadas, se vienen pagando en el Municipio y, lo que otras personas tiran o dejan abandonadas, les servirían a los empleados para acceder a objetos a los que les darían utilidad o, acaso, que incluso podrían vender, si vale la pena. Como no descartan que esto haya ocurrido en los hechos en cuestión, estiman que se requeriría llegar a certezas lo antes posible.
A la vez, a los gremios municipales les causa inquietud que, por cómo está siendo tratado el expediente, especialmente por la lentitud que observan en el procedimiento, se estaría sentando un precedente para eventuales situaciones que requieran la sustanciación de sumarios administrativos. Es que, a los trabajadores que, hipotéticamente, podrían verse afectados y que terminen comprobando su accionar apegado a las normas, les resultaría de mucho perjuicio permanecer demasiado tiempo sin ingreso alguno para ellos y sus familias.
Lo que los dirigentes consideran, hasta ahora, como una falta sin atenuantes es que los tres empleados involucrados hayan utilizado un vehículo del Municipio para realizar el traslado y la descarga final de los cables en la chacarita, al igual que hayan concretado todo en horario de trabajo. Pero evaluarían que tales circunstancias no merecerían ser castigadas con la cesantía sino con un período de suspensión posiblemente menor al mes, por lo que, de comprobarse que no tienen relación alguna con el negocio del robo de cables, se les tendría que pagar lo que corresponde y restituirlos a sus labores.