Lo había recibido en su casa para ayudarlo con la adicción. Sin embargo continuó consumiendo y provocó múltiples inconvenientes. Lo terminó denunciando.
Una vecina de Balsa Las Perlas pidió ayuda a las autoridades para que uno de sus hijos, aquejado por el consumo de drogas, se retire de su casa por los conflictos que genera.
En la denuncia que presentó días atrás en la Subcomisaría 82 del poblado cipoleño, la señora dijo que el muchacho se mudó con ella con el objetivo de recuperarse de las adicciones, pero que todo terminó mal.
Relató que su estado empeoró, y que debieron soportar allanamientos en su casa, con el secuestro de armas y la detención del propio muchacho. Pero no fue todo, porque al recuperar la libertad volvió al domicilio y siguió generando problemas con su hermano, por lo que tuvo que llamar a la policía para que interviniera. La mujer resaltó que “está cansada” y le pidió que se fuera de su casa.
La acusación fue encuadrada en un caso de violencia familiar, de acuerdo a lo que establece la Ley 3040, que regula la “protección Integral contra la violencia en el ámbito de las relaciones familiares”, por lo que fue elevada al Juzgado de Paz local.
Al analizar el testimonio de la señora, la jueza Laura Pino determinó que se trata de una víctima que “resulta vulnerable en razón del género y la edad” y que tanto ella como su otro hijo pertenecen “a dos grupos especialmente protegidos por nuestra Constitución Nacional y los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos”.
Por ese motivo resolvió dictar medidas de resguardo para ambos. En una de ellas le impuso al hombre la prohibición de acercarse a menos de 500 metros del domicilio de su madre. También la orden de no provocar agresiones ni actos de hostigamiento mediante comunicaciones telefónicas o mensajes en las redes sociales. Le advirtió que en caso de incumplimientos podrá ser sancionado con multa económica o trabajo comunitario, como lo indica la norma. Mientras que, si se descubre que lo hizo por “clara intención de violar las prohibiciones”, pedirán intervención del Ministerio Público Fiscal ante la comisión de un delito por “desobediencias a la autoridad”.
Asimismo, la magistrada dispuso que ambas partes (madre e hijo) deberán recurrir a profesionales médicos para determinar si requieren iniciar tratamientos psicológicos. Para ello podrán asistir al área de salud mental del hospital o bien tramitar la consulta a través de su obra social. De cualquier manera, deberán acreditarlo.
La jueza requirió enviar la causa al Juzgado de Familia para que le den continuidad. En esa instancia deberán contar con la asistencia de un abogado particular o tramitar la asistencia legal gratuita en el CADEP -Centro de Atención a la Defensa Pública-, de Cipolletti.
Además, la resolución aclaró que la vecina podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para dar cumplimiento a lo ordenado. En caso de urgencia deberá comunicarse telefónicamente a la Subcomisaría local.