Una compra fallida desató un conflicto que llegó al Juzgado de Paz de Cipolletti. La falta de respuestas de la empresa derivó en un llamativo acuerdo económico.
Una mujer que intentó celebrar el Día Internacional de la Hamburguesa terminó protagonizando un conflicto judicial después de pagar un pedido en McDonald’s, no recibir su comida y tampoco conseguir que le devolvieran el dinero.
El episodio ocurrió el 28 de mayo, cuando la consumidora realizó una compra mediante la aplicación de la reconocida cadena de comidas rápidas. Sin embargo, lo que parecía una operación habitual terminó convirtiéndose en una demanda judicial.
La situación llegó al Juzgado de Paz de Cipolletti, donde la clienta reclamó una indemnización superior al millón de pesos.
Todo comenzó cuando la mujer utilizó la aplicación de McDonald’s para comprar comida en el local ubicado dentro de un shopping de Neuquén, donde tenía previsto retirar personalmente su pedido.
Después de completar el pago, recibió una notificación que confirmaba la operación. El mensaje indicaba: “Ya recibimos tu pedido”, por lo que se acercó al mostrador convencida de que podría retirar los productos adquiridos.
Sin embargo, cuando llegó al establecimiento, los empleados le informaron que no podían entregarle la comida porque la operación no se había procesado correctamente, pese a que la aplicación había confirmado la recepción del pedido.
La consumidora abandonó el comercio sin su hamburguesa y comenzó a gestionar la devolución del dinero. Para ello, utilizó los canales de atención habilitados por la compañía, aunque sus intentos no tuvieron resultados favorables.
Según consta en el expediente, realizó varios reclamos mediante el asistente virtual y por correo electrónico, pero no consiguió recuperar el importe abonado. Ante la falta de respuestas, decidió llevar su caso a la Justicia.
La mujer presentó una demanda de menor cuantía ante el Juzgado de Paz de Cipolletti, donde denunció el incumplimiento de un contrato de consumo por parte de la empresa responsable de la operación comercial.
En su presentación solicitó la devolución del dinero pagado, junto con los intereses correspondientes. Además, incorporó un reclamo por daño moral y daño punitivo, que elevó la pretensión económica a más de un millón de pesos.
La demanda fue dirigida contra Arcos Dorados Argentina SA, firma que opera comercialmente la cadena McDonald’s en el país y que figuró como responsable de la relación de consumo cuestionada en el expediente.
Como parte del procedimiento, el juzgado convocó a una audiencia de conciliación para intentar resolver el conflicto. La consumidora asistió acompañada por su abogado, pero la empresa no participó de esa instancia judicial.
De acuerdo con la resolución, la compañía tampoco contestó la demanda, pese a encontrarse debidamente notificada. Frente a esa situación, el tribunal hizo efectivo el apercibimiento contemplado en el artículo 700 del Código Procesal Civil y Comercial.
Aunque inicialmente no hubo una respuesta de la compañía durante el proceso, posteriormente ambas partes comunicaron al juzgado que habían alcanzado un acuerdo económico y solicitaron su correspondiente homologación judicial.
El convenio estableció que Arcos Dorados Argentina S.A. deberá abonar $350.000 a la consumidora, mediante una transferencia bancaria que tendrá que concretarse dentro de los 30 días posteriores a la firma.
El juzgado examinó las condiciones pactadas y concluyó que se había alcanzado “una justa composición de los derechos e intereses de las partes”, motivo por el cual decidió homologar el acuerdo presentado.
Desde el punto de vista jurídico, la solución se encuadra en la figura de la transacción, regulada por el artículo 1641 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación.
Este mecanismo permite que las partes involucradas en una controversia judicial lleguen a una solución mediante concesiones recíprocas, sin necesidad de continuar con todas las etapas del proceso hasta obtener una sentencia definitiva.
Con la homologación judicial, el convenio adquiere fuerza de sentencia y establece una obligación exigible para la empresa. Una vez concretada la transferencia del dinero, se considerará extinguida la obligación asumida.