Pidió levantar las medidas establecidas para resguardar a la víctima porque dijo que iban a contraer enlace. Sin embargo ella lo negó. Un informe revela que se encuentra en riesgo. Les ordenaron a ambos la prohibición de acercamiento.
Un hombre acusado por violencia de género (ley 3040) que debe cumplir pautas de conducta dictadas por el Juzgado de Familia de Cipolletti a cargo de Marissa Palacios, pidió levantar esas medidas porque planean “contraer matrimonio” con la mujer que lo denunció. La víctima fue consultada al respecto, pero no había contestado, suponen porque vive en Balsa Las Perlas y no quiera dejar la casa sola.
El requerimiento lo formuló el hombre, identificado como ZMA, el 8 de junio último con el patrocinio de una abogada. Sin embargo, la magistrada consideró un informe presentado el 12 del mismo mes por el ETI -Equipos Técnicos Interdisciplinarios- en el que se destaca que habían mantenido una entrevista telefónica con la mujer quien manifestó que “no es cierto que quiera casarme”.
Por el contrario, el reporte agrega que “refirió sentir angustia, nerviosismo y temor de encontrarse” con Z debido a que “la hostigaría permanentemente, le envía mensajes a través de otras personas, le grita si la encuentra en la calle y siempre busca la forma de molestarla, lo que condiciona su cotidianeidad, al punto de restringir sus salidas del hogar debido a esta situación”.
La chica también reconoció lo contactó después de la denuncia y que retomaron la convivencia, pero que se produjeron “nuevos hechos de violencia que motivaron que se retire del hogar, permaneciendo hace 7 meses separados”.
Aclaró asimismo que realizó más de una denuncia, que en dos oportunidades lo retiraron del domicilio y que "sus ataques de locura" (tex), se habrían dado por lo menos en tres oportunidades".
Como conclusión del informe del ETI, advirtieron que "Se evalúa que resultaría sumamente dañoso el contacto directo de las partes, por lo que se sugiere que continúen las medidas de protección dispuestas, las cuales consideramos deberían ser recíprocas”. En este último punto se recuerda que fue la misma denunciante quien contactó al denunciado anteriormente.
Al analizar el caso, la jueza Palacios destacó el contenido del reporte del ETI y que la finalidad del proceso es “aplicar las medidas de protección integral pertinentes para prevenir, sancionar y erradicar la violencia familiar y de género”.
Por ese motivo consideró necesario “dar adecuada protección y efectuar acciones positivas a los efectos de evitar el daño de las personas integrantes del ámbito familiar”.
En la resolución no solo rechazó el pedido de levantamiento de las medidas requeridas por ZMA, sino que además ordenó “ampliar” las ya establecidas y dispuso la “prohibición de acercamiento recíprocas” entre ambas personas, quienes deberán mantenerse alejados a una distancia no menor a los 500 metros.
Asimismo, dispuso que deberán abstenerse de “producir incidentes, proferir agravios, realizar actos molestos o de hostigamiento” o efectuar reclamos personales o por cualquier medio, como mensajes telefónicos o por redes sociales.
Les aclararon que el incumplimiento de las pautas protectorias dispuestas, “cuando fuese constatado que medió clara intención” de violarlas, pedirá la intervención del Ministerio Público Fiscal por el delito de desobediencia a la autoridad.
Las disposiciones establecidas por la magistrada fueron comunicadas a la Policía para que se respete su cumplimiento. En tanto que le informaron a ZMA que las medidas estarán vigentes hasta que realice un tratamiento que le permita revertir los actos de violencia. Le sugirió la jueza efectuarlo en el Ruca Quimei ubicado en la calle La Esmeralda 1870 de Cipolletti.
Una vez que lo cumpla se evaluará si se levantan las medidas cautelares ordenadas. A la mujer también le indicó la realización de un tratamiento psicológico para “su fortalecimiento y contención”, y que lo deberá acreditar a la brevedad.