Cerraron dos de las plantas para hacer la RTO en el Alto Valle, pero no aumentó la demanda en la de Cipolletti, que continúa activa. Provincia no logra adjudicar cuatro puntos de verificación.
El cierre temporal de las plantas de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) de Roca y Villa Regina dejó al descubierto una caída en el cumplimiento de la revisión vehicular en el Alto Valle. Por un lado, no hay interés por obtener los permisos para realizar el control y, por otro, son menos los automovilistas que cumplen con el requisito.
En la última semana, el Gobierno de Río Negro confirmó que las plantas de la “Zona Centro” dejaron de funcionar, tras cuatro llamados a licitación sin oferentes, es decir, sin empresas interesadas en operar los talleres. La situación afecta a las sedes fijas de Roca y Regina y también a las plantas móviles previstas para Los Menucos y Jacobacci.
Sin posibilidad de cumplir el trámite de la RTO en el Alto Valle Este se esperaba un incremento de la demanda en Cipolletti, donde funciona la planta más cercana. Sin embargo, la demanda no se movió.
Según explicó el presidente de Vialidad Rionegrina, Raúl Grun, la Provincia ya avanza hacia una quinta convocatoria, cuya apertura de sobres está prevista para el 8 de junio. Hasta el momento, sin embargo, se mantiene la tendencia de falta de interés: nadie adquirió el pliego.
“Entiendo yo que va a ser el último llamado y después estamos trabajando ya en algún esquema de ver cómo podemos solucionarlo”, afirmó el funcionario a Literal Radio.
El esquema actual de revisión técnica en Río Negro fue diseñado en 2012 y divide a la provincia en tres zonas, concesionadas a operadores privados por períodos de cinco años.
La Zona Este cuenta con plantas en San Antonio Oeste, Choele Choel y Viedma, además de servicios móviles en Sierra Grande y Río Colorado. La Zona Oeste tiene sedes activas en Cipolletti, Bariloche y El Bolsón, con una planta móvil prevista en Catriel. La Zona Centro, actualmente sin concesionario, incluía las plantas de Roca y Regina.
La particularidad rionegrina es que el sistema depende de Vialidad Rionegrina, algo poco frecuente en el país. “Es la única vialidad del país que tiene a su cargo las revisiones técnicas”, explicó Grun. Según indicó, originalmente se había pensado que las verificaciones podían realizarse en talleres vinculados al antiguo esquema vial provincial, aunque esa alternativa nunca prosperó.
En la mayoría de las provincias, la RTO depende de agencias de seguridad vial o áreas de transporte.
Para el titular de Vialidad Rionegrina, uno de los factores centrales detrás de la falta de oferentes es la incertidumbre generada alrededor de la continuidad de la RTO como requisito obligatorio para circular y en la posible desregulación de la actividad para que cualquier taller mecánico pueda convertirse en un centro de revisión.
“Lo que pasa es que el Gobierno Nacional desinforma o malinforma a la población”, sostuvo Grun. En ese sentido, cuestionó declaraciones realizadas en los últimos meses desde distintos sectores del Gobierno nacional respecto de posibles cambios en el sistema.
El funcionario mencionó como ejemplo versiones que indicaban que cualquier taller mecánico o concesionaria podría realizar revisiones técnicas. “No tiene nada que ver un taller de revisión técnica, que tiene aparatología y mediciones específicas, con un taller normal”, afirmó.
Según la interpretación oficial, ese contexto impactó directamente en la cantidad de vehículos que realizan el trámite y, por lo tanto, en el interés empresarial por explotar el servicio. “Esto tiene que ver con la baja en la cantidad de revisiones. Nosotros tenemos la estadística y claramente van en baja”, señaló.
De acuerdo con los datos aportados por Vialidad Rionegrina, la cantidad de vehículos con RTO cayó aproximadamente un 15% interanual en gran parte de la provincia.
La baja no es uniforme. En Viedma, por ejemplo, los niveles de revisión se mantienen e incluso crecieron. La explicación que encuentra el organismo provincial está vinculada con los controles realizados en la provincia de Buenos Aires.
“En la comarca Viedma-Carmen de Patagones la Policía y los controles de tránsito exigen la RTO. Entonces Viedma se mantiene y aumenta las revisiones”, indicó Grun.
En paralelo, el funcionario reconoció que en buena parte de Río Negro persiste la percepción de que la verificación técnica no es un requisito efectivamente exigido. Durante la entrevista radial también surgió el rol de la Policía de Río Negro y de los organismos de control vial. “La Policía de Tránsito es la que tiene que exigir la revisión técnica”, señaló Grun, quien vinculó ese aspecto con el nuevo sistema provincial de radares. Según explicó, el futuro esquema incorporará alertas para detectar vehículos con la RTO vencida.
Uno de los cuestionamientos más frecuentes hacia el sistema aparece vinculado al estado de las rutas nacionales y provinciales. La discusión suele repetirse en redes y en reclamos de usuarios: por qué se exige la RTO cuando gran parte de la infraestructura vial está deteriorada.
Grun intentó separar ambos debates. “Si al mal estado de las rutas le agregamos que los vehículos no tengan revisión técnica, el combo se pone cada vez más complicado”, sostuvo.
Al mismo tiempo, el funcionario apuntó contra el Gobierno nacional por el estado de los corredores viales nacionales. “Hay que exigirle al Estado nacional que se haga cargo de tener las rutas en condiciones”, afirmó. En ese marco, vinculó la política provincial con una estrategia más amplia de seguridad vial que incluye el control de pesos y dimensiones del transporte pesado.
Mientras continúa el proceso licitatorio, los vehículos radicados en Río Negro pueden realizar la revisión técnica en cualquier planta habilitada de la provincia. Actualmente, la opción más cercana para los usuarios del Alto Valle es la planta de Cipolletti.
Según informó Grun, el valor de la RTO para vehículos de hasta 1.500 kilos es de $ 48.100, mientras que para vehículos de entre 1.500 y 3.500 kilos llega a $ 72.200. El Gobierno estima que la normalización en Roca y Regina podría demandar dos meses, aunque todo dependerá de que aparezcan interesados en asumir una concesión.