Categórica postura del FpV acerca de la inseguridad
El tema de la seguridad fue abordado por los candidatos a gobernador y vice del Frente para la Victoria al considerar que se trata de “una preocupación auténtica de miles de familias que están esperando una respuesta lo más rápido posible”.
En declaración conjunta, Carlos Soria y Alberto Weretilneck denunciaron que “la ineficiencia y la falta de ideas las pagamos todos los días con miedo y con muertes” y advierten de “la urgencia para producir un cambio en un área sobre la que se habla mucho y se hace muy poco”.
Recordaron que “hace unos días un suboficial de la Policía provincial murió de un balazo en la cabeza” haciendo mención al cabo Andrés Lucanera asesinado en el barrio Lavalle de Viedma por un grupo que –dicen “al parecer cobra ´peaje´”, mencionando además “el caso de Atahualpa, asesinado en la capital provincial hace tres años y todavía permanece en la oscuridad. O el de Guillermo Trafiñanco, muerto por la espalda en octubre por un policía de gatillo fácil y los tres homicidios de Diego Boneffoi, Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas en Bariloche que produjeron una reacción social”.
El documento de los candidatos del FpV denuncia que “para el gobierno provincial estos casos son apenas hechos aislados”, apuntando como responsables “al Ministerio de Gobierno, la Jefatura de Policía y una secretaría específica que no alcanzan a comprender que las seis muertes de Viedma y Bariloche son el síntoma de estar fallando el enfoque de la seguridad”.
El temor de todos
“Para miles de familias es preferible encerrarse en sus casas a salir a la calle o a la plaza… viven con miedo porque el Estado perdió el control del espacio público y para recuperarlo se necesita mucho más que llenar de policías el barrio porque todos saben que esos uniformados un día se van a ir”.
Observa la nota que “pensar que la seguridad es una problemática exclusivamente policial como hace el Gobierno es una forma de no solucionar nada”, por lo que “postulamos un cambio de visión para que los rionegrinos puedan volver a vivir sin ese miedo permanente”.
Se alerta que “abordar la problemática después de tantos años de ausencia no va a ser una tarea sencilla y probablemente nos demandará varios años, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados”.
Soria y Weretilneck indican que “una política integral de seguridad necesita de la intervención de diferentes actores del Estado. Está demostrado que en aquellos lugares donde las tensiones sociales son insoportables y faltan oportunidades para los jóvenes porque las diferencias son vallas insalvables, la inseguridad y la delincuencia ganan terreno”, entendiendo que “generar expectativas de progreso y desarrollo entre los adolescentes es una respuesta a la inseguridad”.
“En Río Negro tenemos que de cada 10 jóvenes que ingresan a la secundaria, seis no la terminan” y consideran que “el sistema educativo deberá hacer una revisión de esta situación, con alternativas de capacitación que permitan a la juventud acceder a un empleo digno”.
La labor policial
Se destina un párrafo aparte para la Policía ya que consideran que “es fundamental en la búsqueda de una política de seguridad. Pero seguramente no será esta policía desmotivada, sin equipamiento, sin móviles adecuados, la que podrá estar al frente de los nuevos objetivos” por lo que “además de asignarle un nuevo rol, deberemos replantear su organización”.
Del Servicio Penitenciario señalan que “tendrá que trabajar en una reforma profunda del sistema carcelario que hoy es más un depósito de presos que un centro de rehabilitación”, acotándose que “faltan institutos para trabajar con la minoridad en problemas y Río Negro carece totalmente de centros de recuperación de adicciones”.
“También se tendrán que analizar cambios en al Código de Procedimientos” agregando que “así como el Estado provincial debe trabajar armónicamente en acciones conjuntas, los municipios pueden también aportar desde la política urbana, pensando la obra pública con una visión de la seguridad en la que se combine el alumbrado público y la aparición de nuevas alternativas para la práctica del deporte y la cultura, a fin de limitar la acción de las bandas de delincuentes”.
Cierran diciendo que “Viedma y Bariloche son dos ejemplos sobre lo que ocurre cuando el Estado abandona su rol y deja que las tensiones y desequilibrios sociales sigan profundizándose. Con seis muertes, nos marcan que debemos trabajar de otra forma”, por lo que “una política integral para la seguridad necesita de la participación de muchos actores, pero mucho más del compromiso total del gobierno provincial, con un liderazgo claro y consecuente con esta causa como es nuestro gran compromiso con la sociedad rionegrina”.
Proponen que “a partir de la política de Salud Pública podemos salir de la abulia estatal para tomar la iniciativa frente a situaciones dramáticas en sectores marginales”, aludiendo a casos que exceden a las enfermedades como “abandonos, miseria extrema, adicciones, embarazo adolescente, realidades que no se atienden en lo cotidiano”.
Aluden a los programas de cultura y deporte que “tendrán que dejar de ser cuestiones testimoniales para interrelacionarse mucho más con los municipios y desarrollar alternativas genuinas para los rionegrinos”.
Acerca de la Justicia, la califican como “otro gran actor en este nuevo esquema de seguridad, siempre que entiendan que detrás de un expediente hay gente sufriendo. La Justicia penal puede garantizar los derechos individuales de los rionegrinos, pero también puede ponerse al frente de las causas para que no se caigan por errores procesales. La Justicia de familia puede adelantar soluciones a situaciones conflictivas”.
Añaden que “las estadísticas sirven para observar las desviaciones y las ineficiencias del sistema: de cada 100 causas judiciales, una sola llega a sentencia”, advirtiendo que “ese marco de impunidad que favorece a quienes delinquen, pero el Estado aún no ha tomado nota de ello”.
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