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El proyecto se basa en un innovador mecanismo destinado a garantizar el cobro de los salarios de los trabajadores que se desempeñen en las obras públicas que lleve adelante el estado provincial, ante situaciones de falta de pago por parte de las empresas contratistas o sub-contratistas, teniendo en cuenta el carácter alimentario de las remuneraciones.
Al respecto, el legislador indicó que pretende dotar al Estado de la facultad de retener directamente sobre las sumas a percibir por las empresas -a partir de la emisión de las certificaciones de obra en el marco de la Ley Provincial Nº 286- un porcentaje destinado a un fondo específico destinado a asegurar el cobro de los créditos laborales adeudados a los trabajadores.
Se especifica un límite de hasta tres masas salariales totales, todo ello a partir de la intervención de la Secretaria de Estado de Trabajo.
Con esta propuesta normativa, buscan evitar situaciones donde las empresas contratistas o sub contratistas paralizan las obras y dejan de abonar a los trabajadores sus haberes, liquidaciones finales, indemnizaciones y remuneraciones cuando han percibido en muchos casos casi la totalidad de los certificados de obras por parte del Estado, quedando los trabajadores en situación de imposibilidad de cobro.
Es una un medida cautelar administrativa que otorga un mecanismo para que los trabajadores que cumplen sus labores en las obras públicas provinciales puedan cobrarse de los certificados que reciben las empresas contratistas o subcontratistas. "La prioridad y el norte de nuestro gobierno es el cuidado de nuestros trabajadores", aseguró Pica.
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