El intendente Alberto Weretilneck participó ayer de un encuentro organizado por varios legisladores nacionales en Buenos Aires y destacó la creación del Distrito Vecinal en el sector Noreste de la ciudad porque “es una respuesta a la demanda social por tierras y viviendas”.
Invitado por integrantes del Congreso de la Nación, el jefe comunal intervino en una conferencia sobre Propuestas y Debates para el Acceso al Suelo Urbano que se desarrolló en la capital del país. Algunos de los diputados y senadores presentes en la jornada fueron Eric Calcagno, Eduardo Macaluse, Mariano West, María Rosa Díaz, José Martínez, Nélida Belous y Silvia Augsburger. También fueron invitados varios representantes de organizaciones sociales y académicas.
En su alocución, que fue seguida con mucha atención, el intendente de Cipolletti precisó que “la creación del Distrito Vecinal fue la respuesta posible desde nuestro municipio para atender una demanda cada día más importante: la de centenares de familias de trabajadores que no pueden acceder a un terreno o a una vivienda porque no hay créditos o porque los valores son exageradamente altos”.
Después, apuntó que “puede haber otras respuestas. En el caso de Cipolletti, el proyecto de Distrito Vecinal nos permitía dar las respuestas a la demanda social; mantener la planificación y mantener la defensa de nuestra zona de producción frutícola”.
No olvidó resaltar el papel de las organizaciones sociales, señalando que “el pilar de esta propuesta de urbanización pasa por las cooperativas. Sin la organización que se dieron los vecinos, todo esto sería mucho más difícil”. En ese marco, rescató la formación de 17 cooperativas, un consorcio de viviendas, una comisión vecinal y la participación de tres entidades gremiales.
Weretilneck se encargó de hacer una reseña del proceso y planteó que lo realizado en Cipolletti se centró en “defender la zona de producción frutícola y garantizar la calidad de vida de los vecinos. Los problemas siempre terminan por resolverse: mal, pero se resuelven, como con un asentamiento ilegal; o bien, con el Estado trabajando y orientando ese crecimiento”.
Exhibiendo su conformismo con las políticas desplegadas, el jefe comunal manifestó que “el camino ha sido largo pero está mostrando sus resultados: 1.900 familias son propietarias de sus terrenos a un costo promedio de 6.000 pesos. Y estamos avanzando en la infraestructura: en el primer sector ya se terminaron las redes de agua y gas; se adjudicó el tendido de la red eléctrica y el alumbrado; se avanza con las mensuras. Todo indica que en agosto podremos cumplir el compromiso de habilitar el sector para la construcción de las primeras viviendas”.
